Santo Domingo. – La dictadura que existe en la justicia dominicana se hace sentir una vez más, tras la decisión tomada por el juez de la Tercera Sala de la Cámara Penal de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, Ignacio Camacho, quien ordenó sacar del salón de audiencias las cámaras que grababan el conocimiento del recurso de apelación interpuesto por el empresario canadiense Antonio Carbone, condenado a 20 años de prisión por supuesto intento de asesinato contra el empresario Fernando Báez Guerrero.
El tribunal acogió el pedimento de la defensa de Báez Guerrero, la cual alegó que una cámara que había sido instalada por la defensa sin permiso del tribunal exponía la integridad física de su representado como de ellos mismos.
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Pese a que el tribunal reconoció que la normativa procesal establece el acceso de los medios de comunicación en las audiencias, interpretó otro principio que establece que el tribunal podrá limitar dichas acciones tomando en cuenta si una de las partes lo solicita.
“Esta sala siempre ha sido partícipe de que se les dé acceso a los medios posibles, pero como una de las partes lo solicita y argumenta por qué debe restringirse esa libertad, el tribunal entonces opera a lo pedido, en esas atenciones, el tribunal acoge el pedido de la parte querellante de que no se permita la grabación acogiendo su planteamiento de que podía ser utilizado contra sus intereses”, explicó el magistrado Camacho.
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Se recuerda que el 26 de agosto de 2017, el Tercer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional condenó a 20 años de prisión al empresario ítalo-canadiense al ser hallado culpable del intento de homicidio del gerente general de Dream Casinos Corporation, Fernando Báez Guerrero, hecho ocurrido en 2014.
La corte sentenció además a Carbone, al pago de una multa de dos millones de pesos, tras acoger de manera parcial el dictamen presentado por el Ministerio Público en su contra, quien además lo investiga por el escándalo internacional de Dream Casinos Corporation.
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