Santo Domingo.- Los Estados Unidos volvió a incluir en su “Informe por países 2023 sobre prácticas de derechos humanos” que en República Dominicana hubo expulsión masiva de haitianos y apátridas de ascendencia haitiana, independientemente de sus reclamos de estatus legal y los abusos de derechos humanos asociados.
E ese orden, indicó que el cierre de la frontera con Haití por parte del Gobierno en septiembre y la posterior suspensión de la emisión o renovación de permisos de residencia, visas y certificados de solicitantes de asilo para migrantes haitianos y personas de ascendencia haitiana, incluidos apátridas, colocaron a poblaciones que ya eran vulnerables en mayor riesgo.
“Entre las cuestiones importantes de derechos humanos figuraban informes creíbles de: homicidios ilegítimos o arbitrarios; tratos o castigos crueles, inhumanos o degradantes por parte del Gobierno; condiciones penitenciarias duras y potencialmente mortales; arresto o detención arbitrarios; interferencia arbitraria o ilegal con la privacidad; devolución de refugiados a un país donde enfrentarían tortura o persecución, incluidos daños graves como una amenaza a la vida o la libertad u otros malos tratos que constituirían un abuso separado de los derechos humanos”, señala el informe.
Apunta que el Gobierno dominicano no tomó medidas creíbles para identificar y castigar a los funcionarios que pudieran haber cometido abusos contra los derechos humanos.
Homicidios de Policía
Menciona que hubo varios informes de que la Policía Nacional y otras fuerzas de seguridad del Gobierno cometieron homicidios arbitrarios o ilegítimos durante el año.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que 75 personas fueron asesinadas entre enero y septiembre.
“Si bien la Fiscalía General procesó algunos casos de abuso por parte de la Policía, representantes de la sociedad civil afirmaron que muchos asesinatos y abusos no fueron denunciados debido a la falta de fe del público en el Gobierno para investigar y presentar cargos o por temor a represalias por parte de la Policía.
Sobre la prisión preventiva señala que muchos sospechosos soportaron una larga prisión, y que un juez podría ordenar una detención que dure entre tres y 18 meses.
Señala que, aunque la ley prohíbe la tortura, las golpizas y el abuso físico, hubo informes de que miembros de Migración y fuerzas de seguridad del Gobierno sometieron a personas, principalmente de ascendencia haitiana.
