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Ángel Lockward, Wischembart y el costo de la tranquilidad de Cofresi


El Tribunal Unipersonal de Puerto Plata conocerá este lunes las querellas por “difamación e injuria” contra el abogado y escritor Ángel Lockward, interpuestas por el empresario Marcus Wischembart.

La audiencia está fijada para las 9:00 de la mañana de este lunes, y Lockward dijo que estará presente en el tribunal, donde será llevado en un vehículo de la Procuraduría General de la República debido a que tiene arresto domiciliario por el Caso Calamar.

Lockward explicó en una nota entregada a El Nuevo Diario que el proceso que lleva el Tribunal Unipersonal de Puerto Plata no tiene nada que ver con el Caso Calamar, y recordó que la audiencia fue aplazada en el mes de marzo para este 22 de abril.

Sostuvo que en el 2018 el señor Wischembart interpuso tres querellas en su contra por supuesta “difamación e injuria”, pero que todavía el referido tribunal no se ha pronunciado.

Agregó que “Marcus Wischembart es dueño del proyecto turístico aligestyle de venta de contratos de timeshare que existe en Puerto Plata y que tiene sucursal en la región Este”, y que ese proyecto ocupaba propiedades de Costa Esmeralda SRL, pertenecientes a los señores Alexander Shaufler y Esmeralda Borodi, “quienes me contrataron como abogado hace más de cinco años para el desalojo de esas propiedades y tuvimos ganancia de causa”.

Lockward indicó que “desde entonces el señor Wischembart se dedica a colocarme querellas por difamación e injuria. Él basa su querella en que supuestamente yo emití juicios injuriosos en una instancia judicial que deposité en el tribunal civil y comercial de Puerto Plata, en ocasión de una acción de amparo, en la que, según su querella, yo dije que él había cumplido condena impuesta por un tribunal de Austria y en virtud de eso él me demanda”.

Dijo que el empresario Winschembart depositó en el tribunal una certificación de la Policía de Viena, indicando que él no tenía expediente criminal, lo que es cierto, “pero como todo abogado sabe que las fichas se eliminan o caducan a los cinco o diez años en todas las naciones”.

Expresó que, atendiendo a eso, “yo deposité en el tribunal la sentencia del tribunal austriaco que lo condenó por la venta de contratos de la empresa timeshare”.

Recordó, además, que varias de las empresas del señor Winschembart “tuvieron que pagar más 60 millones de pesos en una amnistía fiscal a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) por evasión y eso está documentado”.

Lockward afirmó que “Winschembart en todos los países donde han operado sus empresas, ha utilizado la técnica de dedicarse a intimidar mediante querellamientos sucesivos a las personas que les hacen frente por sus acciones ilegales”.

Reveló que el “problema se originó porque a la propiedad de mis clientes en Costa Esmeralda no se le permitía entrar por la calle pública, ya que el señor Winschembart cerró una calle pública y la convirtió en privada porque él vivía ahí, con una verja de más de doce pies de altura y ni siquiera dejaba entrar al alcalde para recoger la basura”.

El profesional del derecho indicó que la diferencia se remonta a un viejo conflicto entre el propietario de Lifestyle y el dueño de Costa Esmeralda, Alexander Shaufllerd conforme al cual, Wischembart cerró la calle de acceso con un portón metálico de 10 pies de altura, impidiendo el acceso de los propietarios y de las autoridades.

“Si bien es cierto que las disputas han desaparecido y ambos proyectos se desarrollan sin mayores conflictos con un control común del acceso, Wischembart no parece haber olvidado que esa pérdida de control se debió a las actuaciones judiciales de Lockward”, dice la nota.

No obstante, dijo que todas las fuentes judiciales consultadas, los escritos ante los tribunales no generan difamación ni injuria, y que sus abogados depositaron la sentencia condenatoria del austriaco que dispuso la pena cumplida por Wischenbart.

Lockward agregó que “lo cierto es que, según todas las fuentes locales consultadas, la Península Costa Esmeralda, sus empresas y el pueblo en general están más tranquilos desde que la justicia sometió a control las actuaciones en esa área, aunque tenga que pagar el precio de haberlo logrado”.

 


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