Santo Domingo – Luego de una agitada semana política que incluyó un careo entre los principales candidatos presidenciales, la Cámara de Diputados de la República agendó en su sesión ordinaria un proyecto de ley que establecería la obligatoriedad de los debates.
La comisión permanente de Junta Central Electoral de la Cámara de Diputados rindió un informe favorable para el proyecto, que desde ya se encuentra entre los puntos que podrían ser debatidos en la sesión de los legisladores de este martes.
Cabe resaltar que hace dos semanas, el proyecto también estuvo registrado en la agenda de aprobaciones del día, pero no avanzó porque en aquella sesión no se reunió la matrícula necesaria para continuar con el encuentro de trabajo.
Al respecto, diputados de distintos partidos como Luis Henríquez, Amado Díaz, Agustín Burgos o Eddy Montás valoraron la posibilidad de que en República Dominicana los debates electorales sean establecidos mediante una ley, ya que a su parecer, las propuestas deben ser el enfoque de todas las campañas políticas en el país.
«En el país no tenemos esa costumbre y la debemos afianzar para que el enfoque sea hacer propuestas y plantear soluciones a lo que ellos (opositores) entiendan que son debilidades del Gobierno», sostuvo el diputado Burgos, del Partido Revolucionario Moderno (PRM).
Proyecto de debates
«Se dispone la asistencia y participación obligatoria de los candidatos a la presidencia y vicepresidencia de la República, al Congreso Nacional y a los gobiernos locales a por lo menos uno de los debates públicos organizados por la JCE», dispone el informe que aprobaron los diputados y que proviene de dos proyectos de ley propuestos por los legisladores José Horacio Rodríguez, Mélido Mercedes, Pedro Martínez, Aida López y Mateo Espaillat.
El informe que redactaron los diputados establece que los temas para los debates electorales deben ser previamente consensuados con todas las agrupaciones políticas, así como con las instituciones académicas y de la sociedad civil.
Además, el proyecto refundido ordena que los debates sean transmitidos por los medios de comunicación públicos a disposición del Estado. El careo quedará grabado en los portales digitales de la JCE de manera que la ciudadanía pueda acceder a ellos después de su realización.
Para la ejecución del debate, la JCE retendrá una proporción del dinero asignado a los partidos políticos para sustentar de forma financiera el debate. La propuesta legislativa enfatiza que la participación en los debates será gratuita y no podrá implicar ningún gasto para los aspirantes.
