Por: Rafael Ciprián
La administración de justicia de nuestro país, como de cualquier sociedad del mundo, depende de la confianza que genere en la población. Esta condición es compartida con el sistema financiero y con el abanico de organizaciones políticas que interactúan en la comunidad. Y no es accidental.
Tanto la administración de justicia como las actividades bancarias y políticas van de las manos e interactúan en la mente de las personas. Su avance o retroceso está ligado a la credibilidad que tengan.
Además, si la aplicación de justicia no le merece confianza a la población, entonces la vida económica del país se estanca y el comportamiento de los líderes políticos será cuestionado constantemente.
Sin una administración de justicia fuerte, pronta, eficiente, eficaz, justa, independiente e imparcial no hay democracia. Mucho menos el Estado Social y Democrático de Derecho que nuestra Constitución proclama en su artículo 7, y que todos los dominicanos conscientes y activos esperamos materializar pronto.
Solamente el aparato estatal de justicia garantiza la seguridad jurídica. Sin esta seguridad jurídica, bien proyectada, no hay grandes inversiones de capitales nacionales ni extranjeros. Ningún capitalista es idiota para invertir donde sus intereses no estén asegurados y que generen un rápido retorno, gracias a una aceptable rentabilidad.
Resulta una verdad de Perogrullo que las actividades políticas y la vida económica marchan como marcha la administración de justicia, y viceversa. La primera determina la segunda y la tercera norma y delimita las dos primeras. Pero la justicia es influida y muchas veces yugulada por lo político y por lo económico.
Ciertamente, donde la confianza en la administración de justicia brilla por su ausencia, la democracia es una ilusión.
Y en nuestro país tenemos que cuidar la sana administración de justicia como protegemos la niña de los ojos.
Por eso urge que superemos el 71% de percepción negativa de los ciudadanos sobre la justicia, en que el 74% afirma que no se castiga adecuadamente a los que cometen delitos y el 93% cree que hay discriminación en la justicia, conforme a la encuesta Gallup de 2016.
El Foro Económico Mundial de 2017 ubicó el país en asunto de independencia judicial en el 130 de 137 naciones.
Más reciente, en noviembre de 2018, Latinobarómetro comprobó que el Poder Judicial dominicano tenía un 21% de confianza en la población. O sea, 79% no confía en él. Así no debe ser.
Tenemos que relanzar la administración de justicia para servir mejor y ganar la confianza de la sociedad.
