Santo Domingo. – El Secretario de Transporte del Partido Reformista Social Cristiano denunció, que como un desafío al sector choferes del país, desde el Palacio Nacional existe la plena intención de entregar la operación de la moderna terminal de transporte inter urbano que construye el gobierno dominicano en la entrada de Los Alcarrizos, a un grupo de empresarios nacionales chinos, tan pronto la misma se encuentre terminada.
Mario Diaz calificó como un abuso, el aberrante hecho, de que el gobierno, además de iniciar la construcción de esa importante terminal de pasajeros sin el concurso y la opinión del sector transporte del país, pretenda entregársela a empresarios extranjeros que nada tienen que ver con transporte en nuestro territorio.
Según señala el dirigente sindical, esos empresarios chinos en coordinación con un importante sector del Palacio Nacional, no solamente pretenden operar la mencionada terminal de pasajeros, sino que además se les permitirá importar cientos de autobuses, para desplazar de las rutas inter urbanas a los actuales empresarios del transporte de nuestro país, que brindan a la ciudadanía ese servicio desde hacen décadas.
Díaz añadió, que al igual que la recién inaugurada línea del teleférico de Santo Domingo, el gobierno utiliza para la construcción de esa terminal de pasajeros, los recursos establecidos en la ley de reforma fiscal número 253-12, los cuales están destinados a la sustitución de los vehículos del transporte de pasajeros y de cargas de la República Dominicana.
Diaz calificó como grave, el hecho de que el gobierno haya violado la ley 253-12, para utilizar a su atojo esos recursos que les pertenecen a los usuarios del transporte de pasajeros y a los infelices choferes del concho, que han pagado desde el año 2012, un impuesto de dos pesos en cada galón de gasolina y de gasoil que utilizan en la operación de las unidades del transporte de pasajeros y de cargas en todo el territorio nacional.
Finalizó reiterando, que el sector transporte de la República Dominicana no desaparecerá, como pretende la actual administración, y que lucharán para que el gobierno respete los espacios que ellos han logrado crear en el sistema de transporte del país, así como los recursos que en virtud de la ley 253-12, les pertenecen a los usuarios y operadores de este vital servicio público.
