SANTO DOMINGO. –Como una necesidad consideró el presidente del Tribunal Constitucional (TC), Milton Ray Guevara, que ese órgano cuente con los medios legales para hacer cumplir sus sentencias, dijo que el incumplimiento de algunas sentencias constituye una de las principales preocupaciones que enfrenta la alta corte y subrayó la necesidad de contar con los medios legales que le permitan hacer cumplir sus resoluciones.
Indicó, que esta debilidad ha de ser reparada con una reforma a la ley orgánica que rige a la alta corte, “como ha ocurrido en España a partir de las reformas adoptadas en 2007 y 2015, a cuyo tenor −en ocasión de la ejecución de las sentencias del TC− podrá, de oficio o a instancia de parte, declarar la nulidad de cualquier resolución que contravenga lo decidido, así como imponer multas coercitivas, acordar la suspensión en sus funciones de autoridades o empleados, recabar el auxilio de la administración y realizar la ejecución sustitutoria de la decisión”.
Durante su participación como panelista en el Encuentro Anual de Presidentes y Magistrados de Tribunales, Cortes y Salas Constitucionales de América Latina, celebrado en Lima, Perú, Ray Guevara expresó que lo ideal es que quienes están encargados de dar cumplimiento a las resoluciones, lo hagan de manera voluntaria, lo que no siempre se cumple, convirtiendo así en un despropósito que atenta contra los derechos fundamentales y la propia supremacía de la Constitución como instrumento de ordenación general del Estado de derecho.
“Sin la adecuada y oportuna ejecución de las sentencias del TC por los poderes públicos, los órganos del Estado o los particulares, ni la supremacía de la Constitución, ni la defensa del orden constitucional, ni la protección de los derechos fundamentales de las personas, ni ninguna otra pretensión o finalidad reconocida o declarada en una sentencia sería efectiva”, indicó.
Consideró que el no cumplimiento de las sentencias resta efectividad al pronunciamiento jurisdiccional y genera en los ciudadanos desconfianza hacia la institucionalidad democrática.
“Ello constituye, además, un atentado contra el poder jurisdiccional, dejando a los tribunales como simples órganos que declaran el derecho, pero son incapaces de hacer cumplir lo decidido”, agregó.
