Santo Domingo.- Los partidos del Bloque Opositor pidieron a la Junta Central Electoral (JCE) que profundice la investigación y someta ante los tribunales a los responsables y a la empresa española INDRA de la “estafa, fraude e irregularidad” en los comicios de mayo del 2016.
Oposición pide la JCE someta caso a justicia Max Puig sirvió de vocero del Bloque Opositor en rueda de prensa celebrada ayer.
Al organismo electoral ceder el control a la firma extranjera, a quien contrató tecnología y escáneres obsoletos e inservibles, cuya inutilidad quedó evidenciada antes, durante y después del proceso electoral, “vició de manera grave e incontestable los comicios de mayo de 2016, afectando la legitimidad de las autoridades derivadas de ese proceso”.
Max Puig, hablando a nombre de las organizaciones opositoras, en una rueda de prensa celebrada la tarde de ayer, expresó “La JCE no solo no debe pagar la suma reclamada por la empresa española INDRA, sino que debe demandar a esta empresa para que devuelva el dinero que le fue entregado a cambio de tecnología y escáneres obsoletos e inservibles, cuya inutilidad quedó evidenciada antes, durante y después del proceso electoral de mayo de 2016”.
Puntualizó, además, “Ha sido debidamente confirmado que la Junta Central Electoral, renunciando a sus deberes constitucionales y en violación e incumplimiento de la propia ley que la rige (275-97) y de sus reglamentos, no tuvo el control del proceso electoral del 15 de mayo de 2016, siendo traspasada la función esencial del control de los votos en los tres niveles de elección a la empresa española INDRA”.
En tanto, el 20 de noviembre, el actual presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio César Castaños Guzmán, dijo que “esos equipos no funcionaron a cabalidad en las elecciones generales, razón por la cual no están en la obligación de pagar en su totalidad la suma acordada… que esperaría los resultados de la auditoría de la Cámara de Cuentas para tomar una decisión” sobre el pago de los 13.927.931,17 dólares reclamados.
La Cámara de Cuentas había informado que la Junta Central Electoral, contrató, durante la gestión de Roberto Rosario Márquez, la suma de US$35,266.003; de los cuales pagó US$21,338,072, por lo que adeuda US$13,927,931.
Los partidos de oposición enunciaron el compromiso innegociable con el fortalecimiento, la regulación y la institucionalización de los órganos electorales y de los partidos y agrupaciones políticas, para construir una política que no se sustente en la impunidad, la corrupción y el descalabro de la institucionalidad democrática.
Indicaron que si la JCE no actúa sobre su requerimiento, movilizarán a la sociedad dominicana para llegar hasta las últimas consecuencias en la meta de garantizar el funcionamiento del sistema democrático y crear las garantías para la realización de elecciones limpias, libres, competitivas y confiables que aseguren la gobernabilidad y la estabilidad de la República Dominicana.
Además de Puig, estuvieron Jesús Vásquez, Minou Tavárez Mirabal, Pedro Martínez, Juan Ignacio Espaillat, Rafael Montilla, entre otros, en representación de los partidos, Alianza por la Democracia (APD), Partido Revolucionario Moderno (PRM), Frente Amplio (FA), Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), Partido Alianza País (AlPaís), Partido Humanista Dominicano (PHD), Partido Dominicanos por el Cambio (DxC), Fuerza Nacional Progresista (FNP), Partido Revolucionario Social Demócrata (PRSD), Opción Democrática (OD) y el Partido Socialista Cristiano (PSC).
Anexamos la declaración del 28 de noviembre, más el documento “Fundamentación y análisis técnico y político de la estafa de los escáneres y el fraude de las elecciones generales de mayo de 2016”.
