Por el periodista Salvador Holguín
Diciendo “Lo que otros callan”
El presidente de la Junta Central Electoral (JCE), Julio Cesar Castaños Guzmán, y el pleno de la institución “se cantan y se lloran”, es decir que se contradicen al tomar una decisión en contra del presidente de Alianza País, Guillermo Moreno, y otra diferente con el expresidente Leonel Fernández y demás aspirante a la nominación presidencial. Le dice a Guillermo el 14 de mayo del año en curso mediante el Acta 09-2018 que no tenía competencia legal para regular las actividades proselitistas de los partidos políticos hasta tanto se realice la proclama oficial anunciando la celebración de las elecciones, esto en atención a un requerimiento hecho por Alianza País. Sin embargo, ahora se contradice evacuando la Resolución recogida en el Acta no. 12-2018 que prohíbe a las organizaciones políticas realizar actividades proselitistas con mira a las elecciones del 2020. Esta decisión ha sido rechazada por la mayoría de los líderes políticos de la oposición del país, debido a que sus labores comienzan 90 días antes de las elecciones, luego que se realiza una proclama oficial dando inicio al certamen electoral.
Si hace un mes la Junta Central Electoral le respondió a Guillermo Moreno que no tenía facultad para reglamentar proselitismo político fuera del periodo de la proclama electoral, porqué tiene ahora que despacharse con esa decisión arbitraria, parcializada, inconstitucional y dictatorial. Si este organismo quiere ser creíble ante la sociedad y los actores políticos, debe reconocer que cometió un error y rectificar ahora que está a tiempo, es de sabios y de valientes aceptar cuando uno falla, claro, cuando se trata de personas responsables y coherentes. El Doctor Castaños Guzmán, actual presidente de la Junta, se ha caracterizado en su ejercicio público por la prudencia, no hay razón para no retroceder ante el yerro de la Resolución de la JCE número 12-2018, pues es a todas luces inconstitucional y violatoria de todos los derechos fundamentales de los ciudadanos, sin importar que sean políticos.
La JCE debió revisar si constitucionalmente los derechos de libertad de expresión y reunión quedaban utilizables para ser limitados por una resolución administrativa de ellos. El art. 74.2 de la Constitución dice que sólo por ley estos derechos se pueden coartar, y los actuales serviles y parciales de la Junta Central Electoral cometieron el error histórico de entrar en terreno vedado de los derechos inherentes de las personas consagrados en la Carta Magna. Además, la JCE desacata al Tribunal Constitucional, que por sentencia TC/0152/13 dejó establecido que los órganos extra-poderes como la JCE, deben ejercer su autonomía respetando los límites constitucionales, lo que evidencia su iniquidad política-electoral.
¿Qué espera Castaños Guzmán y sus paladines del pleno electoral para deshacer su error?, ¿Qué es lo que buscan?, ¿Sumergir a la JCE en el descrédito nacional o que el presidente Danilo Medina y el ministro de la Presidencia Gustavo Montalvo lo llamen?, ¿Cómo debemos llamar a ese talante desafiante a las normas jurídicas inexcusablemente por “JUECES ELECTORALES”? Los políticos lisonjeros que se fueron de boca y actuaron con sobre reacción emocional apoyando la decisión imprudente de la JCE, ahora no saben lo que van a hacer, y peor aún, hemos visto opiniones de juristas que también defienden ese adefesio procedente de ordenes políticas.
Si la Junta Central Electoral hubiera actuado cuando el presidente Danilo Medina convocó a los precandidatos presidenciales del PLD al Palacio Nacional para exhortarles a que lanzaran sus proyectos de campaña interna por la candidatura presidencial, o cuando los dos ministros del Gobierno; Carlos Amarante Baret y Francisco Domínguez Brito, renunciaron y prepararon legítimamente sus aspiraciones a dirigir la nación, así como cuando lo hizo el secretario general del partido morado, Reinaldo Pared Pérez, la población hubiese entendido que no se trataba de una ofensiva contra el Dr. Leonel Fernández, sino más bien de una decisión que buscaba hacer los correctivos electorales para evitar mantener el pueblo dominicano en campañas permanentes y darle un respiro de proselitismo.
