Por: Cándido Mercedes
Si hay una sociedad que ha sido estudiada y diagnosticada en los últimos 11 años, esa ha sido la dominicana: el informe de Jacques Attali en noviembre del 2010, el informe de Harvard en marzo del 2011, el estudio del BID “Cuando la prosperidad no es compartida” de enero del 2014, el estudio “Se buscan recursos para garantizar derechos” de Oxfam del 2017, el estudio del Banco Mundial “Para construir un mejor futuro juntos” de octubre de 2016. Vimos “Cultura política de la democracia” del 2017 que nos viene estudiando desde el 2006 de Barómetro de Las Américas, LAPOP.
De igual manera, nos encontramos con “Mejor gasto para mejores vidas” del Banco Interamericano de Desarrollo de marzo de 2018. Seguimos rastreando y nos encontramos con el estudio de la CEPAL “Panorama social de América Latina” de 2018. “Una mirada a imaginar el futuro” Encuesta de cultura política 2017. El “Informe de calidad democrática” del PNUD de marzo del presente año. La Encuesta Nacional de Hogares de Propósitos Múltiples (ENHOGAR-2017) divulgada en diciembre de 2018. Ahora nos encontramos con “Autopsia fiscal, una evaluación de los gastos e ingresos del gobierno dominicano para garantizar derechos” de Oxfam de septiembre de 2019.
Oxfam trata de auscultar de una manera novedosa los presupuestos ejecutados con las instituciones. Una manera plausible para poder medir y reorientar. Como decía ese destacado gurú de la gerencia moderna, Peter Drucker, “Lo que no se mide, no se puede mejorar”. Para poder poner en perspectiva la importancia de la medición, Oxfam lo logra de manera notable y pone al descubierto, desnuda los últimos 3 años de un modo eclesial.
Autopsia fiscal, con un trazo objetivo, medular, nos sitúa en el alcance de lo que sabemos, empero, con los números ahí como para que no vengan los cuentos. Son cuentas, números, alcances, limitaciones. ¡Que estamos haciendo mal y como dirigir ese dispendio, malversaciones, clientelismo y corrupción!
Estamos en presencia de un Estado que no hace suficiente para garantizar derechos. Un Estado que no prioriza en función de la sociedad, de la inclusión. Un Estado con una agenda que no conecta con los intereses de la mayoría. Un Estado que no sabe hacer más con menos en medio de una economía que crece promedio 5%, sin embargo, el endeudamiento crece a una tasa anual de un 12%.
Tenemos un Estado que no propicia la buena gobernanza. La gobernanza implica calidad, eficacia y la sana intervención del Estado para mejorar las condiciones materiales de existencia de los gobernados. La gobernanza es el buen ejercicio de los gobernantes, que trae consigo la legitimidad. La gobernanza es la simbiosis de entre la legalidad y la legitimidad en las decisiones de los actores políticos. Tiene que ver de manera meridiana con la puesta en escena de un ejercicio ético, con una agenda que coadyuve al buen desempeño. Solo que RD$79,332 mil millones de pesos en 44 programas que no tienen repercusión en los beneficiarios ni se pueden ver los resultados. Es un testimonio fehaciente de la falta de calidad del gasto y, en consecuencia, de una pésima gobernanza.
Estamos en presencia de un Estado que acusa una carencia, falencia en su gobernanza. Ello así porque tiene materialmente en su ejecutoria el clientelismo, el dispendio y la corrupción como traza indeleble, como impronta de su génesis y eclosión. Esa triada (clientelismo, dispendio y corrupción) son sus antorchas y paradigma de su modus operandi, que encierra la corporatividad del Estado en la mezcla, en la combinación inaudita de política y negocios.
Tenemos un Estado bocina, reproducido en 11 a 16 millones de pesos diario en publicidad y propaganda. Un Estado que apenas invierte un 8.4% en protección social cuando el promedio en la Región es de 14%. Solo un 1.8% se invierte en Salud en el 2019 cuando de acuerdo con la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo deberíamos estar en 3.5% del PIB. Las proyecciones para el 2020 son que tendremos solo un 1.7%, en Salud y 7.9% en protección social, cuando lo normativo, siguiendo con Oxfam, es que para el año próximo tuviésemos 4% en Salud y 11.9% en protección. Solo, pues, detrás de Haití y Guatemala, constituimos el mayor rezago en lo que respecta a inversión social.
Lo que nos dice Oxfam en el referido estudio es que lo social-institucional no va de la mano, acompasado de manera armónica y rítmica con las leyes que dibujan y expresan la visión del país en los cercanos años. Señalan en Oxfam que el presupuesto público se encuentra poco articulado con la Estrategia Nacional de Desarrollo, una ley orgánica que está contemplada en la Constitución en su Artículo 241 que reza así “Estrategia de Desarrollo. El Poder Ejecutivo, previa consulta al Consejo Económico y Social y a los partidos políticos, elaborará y someterá al Congreso Nacional una estrategia de desarrollo, que definirá la visión de la Nación para el largo plazo. El proceso de planificación e inversión pública se regirá por la ley correspondiente”. ¡Nada más infausto, aciago y desafortunado el desconocimiento de la misma! Una ley puente para los próximos 20 años.
No nos asombran los datos de Oxfam porque tenemos una elite política en el poder irresponsable, poco ética. Ellos subrayaron, entre otras cosas:
1) Del presupuesto ejecutado en el 2018 el Gobierno Central apenas puede demostrar en que gastó una tercera parte.
2) RD$41,629.8 mil millones de pesos se pierden en corrupción, esto es, 1.1% del PIB y RD$154,760 mil millones de pesos en irregularidades de un presupuesto de RD$921,779.5 entre clientelismo, dispendio y corrupción.
3) “El volumen de recursos envueltos en casos de corrupción y clientelismo levantados para este estudio equivale al presupuesto combinado de diez ministerios juntos”.
4) Encontraron 114 casos de corrupción y dispendio de 1998 al 2018 que totalizaron RD$458,078, que al precio de ajuste del dólar en 2018 significarían RD$749,336.1.
5) Durante el periodo fiscal 2013-2018, los gastos en publicidad y propaganda gubernamental crecen a un ritmo interanual de 12.6%. La Presidencia de la República gastó RD$1,192 millones de pesos en publicidad y propaganda durante 2018. Esto es RD$99.38 millones mensuales, igual a RD$3.3 millones de pesos diario.
6) El Gobierno dominicano erogó 5 veces más en publicidad y propaganda que en vivienda social.
7) En República Dominicana hay 61,911 empleos por cada millón de habitantes, en cambio, el promedio en los 16 países estudiados es de 43/1,000,000. Durante el periodo 2013-2018 la nómina interanual creció 13.7% y el monto pasó del 2012 RD$89,142.1 mil millones a RD$189,459.8. Esto es, 2.12 veces más en solo 6 años.
8) El presupuesto general del Estado de 2019: RD$921,779.5 mil millones de pesos. La estimación de irregularidades en uso de recursos públicos: RD$154,760 mil millones, 3.4% del PIB.
9) Hay ministerios cuyos gastos son un misterio, entre ellos: Obras Públicas, Administrativo de la Presidencia, Educación y OISOE.
10) El 63.9% de los impuestos en Dominicana son regresivos (ITBIS). Se aplican por igual a pobres y ricos. Solo el 0.06 es impuesto al patrimonio, en cambio en la Región es de 0.41 y en OCDE 1.10.
Una real y efectiva radiografía, placa, el estudio de Oxfam acerca de lo social-institucional y el laberinto en que nos encontramos en consecuencia con la gobernanza. Elementos factuales que impiden el desarrollo, la inclusión y una mayor cohesión social. La corrupción sistémica de la política anula todo asomo de institucionalidad y blanquea en el asqueo toda sombra de equidad social y justicia cierta.
