Santo Domingo.- Las recientes declaraciones públicas – por radio y televisión – del Ministro de Interior y Policía, Carlos Amarante Baret, indicando que las marchas contra la corrupción y la impunidad que se vienen realizando en diferentes ciudades del país forman parte de un “plan de desestabilización del Gobierno” es, aparte de una vulgar mentira, una amenaza que pretende impedir que los ciudadanos continúen ejerciendo su derecho constitucional a manifestar de manera pública y pacifica su repudio a las lacras de la corrupción y la impunidad en la administración del Estado.
De igual manera, es absolutamente inaceptable que a estas alturas un ministro del Gobierno pretenda amedrentar declarando públicamente que de manera ilegal ha dispuesto la intervención y escucha de teléfonos privados y la intercepción de conversaciones por WhatsApp de los organizadores de las marchas ciudadanas conocidas como La Marcha Verde.
Las actuaciones de Amarante Baret reflejan el carácter autoritario, ilegal e intolerante asumido por el Gobierno del presidente Medina como consecuencia de que la avalancha de evidencias sobre los actos de corrupción cometidos en su gestión, así como el pesado telón de impunidad con que se pretende encubrir a los corruptos, va quedando a la vista del pueblo.
Los partidos políticos de la oposición reiteran su compromiso de defensa del respeto pleno a las libertades públicas y los derechos constitucionales, rechaza los intentos de intimidación y represión de las autoridades contra los organizadores de los reclamos ciudadanos y, dada la gravedad del delito cometido y reconocido por el propio ministro, demanda su renuncia como responsable de un ministerio encargado de la seguridad ciudadana o su inmediata destitución por parte del presidente de la República.
Finalmente, hacemos un llamado a la población a que de manera pacífica siga ejerciendo su derecho a luchar por una República Dominicana para todos, democrática, garante de los derechos humanos, libre de corrupción, libre de impunidad y en la que prevalezca la justicia y la decencia en el ejercicio del poder.
Admisión de interceptación ilegal es inaceptable y buscan amedrentar al pueblo dominicano.
