Santo Domingo.- La variación de las medidas de coerción a siete de los 13 exfuncionarios y legisladores acusados de recibir sobornos de parte de la empresa Odebrecht, y los votos disidentes de dos de los jueces de la Segunda Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que conoció la apelación de la coerción, ha minado de críticas el proceso de investigación que lleva a cabo el Ministerio Público.
Tanto para los jueces, como para algunos abogados consultados, la Procuraduría General de la República deberá “hilar fino” para poder mantener su acusación y presentar pruebas contundentes para que el caso de los US$92 millones de sobornos que la multinacional admitió haber pagado en el país no quede impune.
La madrugada del domingo, la Segunda Sala Penal decidió variar las medidas, con tres votos disidentes, uno íntegro de la presidenta del tribunal, Miríam Germán Brito, y dos parciales, de los jueces Juan Hirohíto Reyes y Esther Agelán Casasnovas.
La coerción de los seis meses de prisión que pesaban contra el exministro de Industria y Comercio, Juan Temístocles Montás; contra el presidente del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM), Andrés Bautista y contra el exdiputado Ruddy González, fue variada al pago de una fianza de RD$15 millones, presentación periódica e impedimento de salida del país. Por igual medida se varió la prisión domiciliaria por nueve meses impuesta Radhamés Segura.
En cuanto a los exfuncionarios César Sánchez y Máximo D´Oleo, las fianzas fueron de RD$10 millones y RD$5 millones, respectivamente.
Para el abogado Conrado Pittaluga, con nueve meses de prisión, ahora tendrá arresto domiciliario; mientras que al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa y a Ángel Rondón se les ratificó los nueve meses y un año de prisión, respectivamente, lo mismo que al diputado Alfredo Pacheco, con fianza de RD$5 millones y la presentación periódica.
Los senadores Tommy Galán y Julio César Valentín, quienes tienen garantía económica, no apelaron, y tampoco Roberto Rodríguez, con prisión domiciliaria de nueve meses.
Los imputados deberán contratar una póliza con una compañía de seguros, por lo que saldrían de sus celdas a partir de mañana.
