Nueva York.- El juez de origen dominicano Rafael Ovalles, juramentado como primer juez latino en el estado de Rhode Island y quien enfrenta una posible destitución, acusado por una comisión estatal de “déspota” y conducta antiética, pidió esta semana a la Corte Suprema Estatal que anule la decisión de los comisionados y la suspensión que se le impuso.
El magistrado Ovalles, nacido en la República Dominicana, emergió como un abogado activista bien relacionado políticamente y pariente del entonces alcalde de origen dominicano, Ángel Taveras. Fue nombrado en la judicatura por el gobernador de la época.
En una petición escrita, Ovalles insiste en pedir que el tribunal rechace la recomendación de la comisión disciplinaria para que lo cancelen por mala conducta.
Ovalles presentó una petición cuestionando las conclusiones de la Comisión de Tenencia Judicial y Disciplina, por las que perdería su puesto de vida, debido a la degradación sexual que hacía al personal y a empleadas, además de abogadas, la incapacidad de comprender los conceptos jurídicos básicos y el maltrato a los que comparecieron ante él.
En la presentación de cuatro páginas, Ovalles se opone a la credibilidad de los testigos, a la presentación de pruebas, a las conclusiones de hecho de la comisión, al análisis de las acusaciones y a las alegaciones.
Ovalles también toma en consideración la negativa de la comisión de presentar mociones para que las acusaciones fueran anuladas y una petición de que la audiencia disciplinaria sea transmitida en vivo, así como los esfuerzos por recusar la participación específica de los miembros de la comisión.
También se opone a las conclusiones de la jueza de la Corte Superior de Justicia, Alice B. Gibney, antes de la audiencia, incluyendo una solicitud de acceso a las notas de una entrevista de un investigador a un testigo.
Afirma que el “criterio de prueba simplificado” de la comisión, a petición de Marc Desisto, que investigó y procesó las acusaciones, inhibió la capacidad de sus abogados de interrogar a los testigos.
El 9 de agosto la comisión publicó un informe de 239 páginas en que acusa a Ovalles de cometer 41 violaciones al Código de Conducta Judicial de Rhode Island.
Concluyó que debía ser sometido a la sanción más severa y cancelarlo del puesto. La recomendación se produjo después de una audiencia de una semana en la que el panel de 14 miembros, compuesto por abogados y jueces escuchó a unos 60 testigos sobre la degradación sexual de mujeres y abogados de ambos sexos de parte de Ovalles, tomando siestas en el trabajo e incurriendo en conducta abusiva.
La Suprema Corte tendrá en cuenta la recomendación de la comisión.
Ovalles, de 52 años, fue nombrado en el banquillo en 2005 por el entonces gobernador de Rhode Island, Donald L. Carcieri.
La jueza principal del Tribunal de Distrito Jeanne E. LaFazia, relevó a Ovalles de sus deberes judiciales a raíz de la investigación, aunque sigue recibiendo su salario anual de $160.018 dólares, $13.334 a la semana.
