Por: Luis Eduardo Montero
Es absurdo aceptar la irracional tesis de que el Estado Dominicano desconoce el planificado éxodo de haitianas embarazadas que vienen a parir a la República Dominicana, con la doble intención de quedarse a vivir en territorio nacional. Súmele a eso, las miles de haitianas que hace mucho tiempo residen en el país de manera irregular, las cuales por supuesto también han parido sus vástagos aquí.
Recientemente el director del Servicio Nacional de Salud, Nelson Rodríguez Monegro, aseguró que existen grupos de personas organizadas en el país dedicadas a realizar una especie de paseo turístico para traer embarazadas haitianas a que alumbren en nuestro país.
El señor Rodríguez afirma que esas mafias cobran a esas personas entre cinco y 10 mil pesos (105-210 dólares) para transportarlas hasta los hospitales dominicanos, adonde llegan sin ningún chequeo prenatal, fenómeno que provoca el incremento de la morbilidad entre esas mujeres.
Fíjense que detrás de la grave situación de precariedad que exhibe Haití, existen mafias que se aprovechan de la inexplicable irresponsabilidad del Estado Dominicano, y por supuesto esas coyunturas les permiten producir dinero a costa de la miseria de los haitianos y con el favorable ambiente de inactividad estatal.
Según datos oficiales, las maternidades dominicanas atienden un total de 8,500 partos de haitianas por año, eso se traduce en RD$5 mil millones de pesos anuales, gastos que por supuesto recaen sobre los hombros dominicanos. ¿Qué chulo verdad?
No saber quién es el culpable de estos «embarazos importados», es un acto de ingenuidad e ignorancia.
Yo particularmente decido culpar al gobierno dominicano, ¿por qué? Porque según la Constitución de la República, el Estado dominicano tiene la obligación de proteger y controlar nuestros espacios y límites fronterizos.
Pero, al parecer la Constitución está escrita en «Árabe», porque nadie la puede entender; nos veremos en la obligación de traducirla al español, para poder entenderla y también respetarla.
Amigos lectores, permítanme decirles que tarde o temprano la República Dominicana sufrirá los graves embates que produce el desborde poblacional, y más aún, sufrirá los embates de una creciente población haitiana que día tras día logra asentarse en territorio dominicano sin ningún tipo de regulación migratoria, inmersos en la vida informal, y por lógica atendiendo al justificable instinto de supervivencia.
Entonces yo me pregunto: ¿Para qué sirvieron los RD$2 mil millones de pesos que invertimos en el famoso Plan de Regularización?
Me llena de pena, saber que en este país a nadie le duele el dinero público, a nadie.
