Por: Francisco Luciano
Al ser encontrado el cadáver del abogado y catedrático universitario, Yuniol Ramírez, un destacado comunicador y hombre de la política, así como un connotado jurista, han adelantado su conclusión de que “se trata de un crimen de Estado”, por la seguridad en los pronunciamientos de Rafael Fafa Taveras y Tomás Castro, tendríamos que descalificar a las autoridades competentes para realizar la exhaustiva investigación que demanda un crimen perpetrado con odio y saña espeluznantes.
A menos de tres horas de encontrar el cadáver del abogado y profesor, activista de la lucha contra la corrupción y activo militante del principal partido de oposición, el señor Fafa Taveras se destapa con la conclusión de que “se trata de un crimen de Estado”, afirmación que corrobora el destacado abogado Tomás Castro, ambos, sin más explicación que la presunción de maldad que sus prejuicios le llevan a suponer, tienen estamentos en el gobierno que no identifican.
Otro que se pasó como trescientas esquinas de la dirección donde iba, fue el ex magistrado del TSE, Jhon Guiliani, quien en su cuenta de twitter se pronunció de manera reprochable frente a la desgracia de Yuniol Ramírez ligándolo al bajo mundo, sin que ningún experticio pruebe dicha conclusión.
Grandes titulares, venden como verdad la hipótesis de que el joven jurista fue secuestrado en la universidad estatal, asesinado y luego tirado en el lugar donde fue hallado, tras familiares reportar su desaparición porque no durmió en su casa.
Las fotografías publicadas, retratan un crimen que bien merece ser analizado por profesionales de la psiquiatría, debido al perfil de desprecio que revela. Nadie merece morir asesinado y menos de una manera tan espantosa y cruel.
Las circunstancias, las razones, así como quien o quienes perpetraron ese asesinato, deben ser investigadas a profundidad, y no puede dejarse al olvido, pero tampoco pueden aceptarse como verdad las afirmaciones prejuiciadas de las figuras citadas.
Las autoridades del gobierno y sus organismos investigativos, tienen el desafío de realizar las debidas diligencias y establecer las responsabilidades sobre este inaceptable hecho. La línea de investigación, no debe excluir a nadie, así se trate de sectores del poder gubernamental o fático de la vida nacional.
Todo quien pueda facilitar informaciones que ayuden al curso de la investigación debe darlas, pero es necesario ser prudentes y no aventurarse a establecer juicios o conclusiones apriorísticas que puedan obstaculizar el establecimiento de la verdad ante tan lamentable y aterrorizante caso.
Acusar sin base, puede conducir al entorpecimiento, a desviar la investigación o a complicidad con el autor o autores del crimen contra el profesor Yuniol Ramírez.
