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Dirigente político Guido Gómez pide investigar vinculo del exministro Miguel Vargas, Andy Dauhajre, Julio Correa, Adán Cáceres y Robert de la Cruz por transacción de inmuebles propiedad del Estado


Santo Domingo. – El dirigente político Guido Gómez Mazara solicitó a las autoridades investigar vinculo del exministro Miguel Vargas, Andy Dauhajre, Julio Correa, Adán Cáceres y Robert de la Cruz por la transacción de 5 inmuebles de propiedad del Estado dominicano, los cuales fueron negociados por exfuncionarios del gobierno del Partido de la Liberación Dominicana –PLD-, con la finalidad de que esos bienes puedan ser devueltos al patrimonio del Estado dominicano.

Gómez Mazara depositó ante el Consultor Jurídico de la Presidencia y la unidad que coordina mediante el decreto 22-21 la Comisión de Recuperación de Bienes Sustraídos al Estado, una relación de transacciones inmobilirias realizadas por ex funcionarios durante la pasada administración del PLD, «que efectivamente caen en el marco de ser transparentadas, y de encontrar indicios de ilegalidad, ser devueltas al patrimonio estatal».

Para el abogado y profesor universitario el decreto respecto de facultar a una Comisión, coordinada por el doctor Jorge Luis Polanco y un equipo de profesionales en detectar operaciones irregulares, constituye un aliento ético y representa una contribución importante al proceso de adecentamiento de la vida pública.

Gómez Mazara consideró que el anhelado adecentamiento de los asuntos públicos ha sido históricamente relegado bajo el maligno hábito de que las designaciones en el tren oficial constituyen la oportunidad de oro para acumular dinero público, sin las sanciones de lugar.

Mazara señaló que las operaciones señaladas por él a la Comisión de Recuperación de Bienes Sustraídos pueden ser detectadas con bastante facilidad y los rastros conducen al establecimiento de responsabilidades respecto de sus autores, compañías e ingresos formales que, en un altísimo porcentaje, los salarios formales de los ex funcionarios no pueden justificar las adquisiciones inmobiliarias, de ahí la necesidad de proceder legalmente previo una rigurosa investigación.

 


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