Por: Awilda Inés Reyes
La delincuencia juvenil y la posibilidad de aplicar sanciones mayores a los adolescentes cuando cometen un crimen o delito, es un tema que entra y sale de la opinión pública cada vez que se da publicidad a un hecho protagonizado por uno o un grupo de personas adolescentes.
Recordamos que ya para el año 2010, el entonces diputado Alejandro Montas, sometió un proyecto de Ley que tenía como objetivo principal aumentar las sanciones a los adolescentes infractores a través de la modificación de los artículos 280, 340 y 390, de la Ley 136-03, Código Para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes.
Cabe destacar que esta Ley 136-03, Código Para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, fue puesta en vigencia el 17 de octubre del año 2004, como resultado del compromiso contraído por el Estado Dominicano con la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, ratificada por nuestro país el 11 de junio del año 1991.
Esto quiere decir, que este tema tan sensible y espinoso, es discutido y analizado desde diferentes foros hace ya, un poco más de dos décadas y es que, es innegable que es un tema que atañe a todos, ya que cuando un adolescente infringe la Ley Penal, toda la sociedad tiene una corresponsabilidad en ese hecho delictivo, pues esto implica que la sociedad, la familia y el Estado han sido incapaces de eliminar los factores de riesgo que han facilitado que el joven se encuentre en conflicto con la ley penal. Y es que viendo un poco el problema desde adentro y desde la perspectiva en que el adolescente visualiza la vida y la sociedad a la que pertenece, podemos encontrar en la jurisdicción de niños, niñas y adolescentes, muchos factores comunes entre estos jóvenes infractores que juntos coadyuvan o facilitan la comisión de crímenes y delitos por parte de seres humanos que se encuentran en la etapa de transición entre la niñez y a la adultez.
La criminalidad es fruto de una combinación de causas, si bien hay unos indicadores que podrían considerarse como factores de riesgo, en el período de la adolescencia, estos son aquellos relativos a factores individuales como desórdenes internos, hiperactividad, problemas de concentración, impaciencia, agresividad, comportamientos antisociales o violentos, entre otros.
Otros están relacionados con el ambiente familiar en que se desarrollan estos adolescentes, por lo que es común encontrar que muchos de ellos tengan padres delincuentes, sufran hayan sufrido maltrato infantil, desentendimiento paterno o materno, vivan en un ambiente de conflictos familiares, hayan sufrido la separación de padres, composición uniparental de la familia, falta de autoridad parental, ente muchos otros, igualmente dañinos y dolorosos para el sano desarrollo de cualquier ser humano.
Es un factor común entre estos jóvenes, problemas relativas a la escolaridad, la mayoría no asiste a la escuela y los que sí, han tenido fracaso escolar, baja vinculación, absentismo, cambios frecuentes de centros educativos, falta de motivación, inclusión, y muchos de ellos resaltan falta de atención, entre otros menos frecuentes.
A estos factores, que pueden considerarse como los núcleos más importantes para la formación de un adolescente, se le suma el factor social y comunitario, en el entorno en el que se desarrollan estos jóvenes donde sus amigos del barrio son delincuentes, en un ambiente de pobreza, con escasez o falta de los servicios básicos, un ambiente en el que el acceso a drogas o armas de fuego es tan normal como el acceso a cualquier producto de primera necesidad, y en el peor de los casos, algunos pertenecen a una banda o grupo que se dedica a algún tipo de actividad ilegal. En general, es un panorama deprimente y es un verdadero desafío lograr adolescentes sanos en un ambiente con estas características y es que puede decirse que son víctimas de la discriminación social y excluidos de las decisiones importantes.
Muchos jóvenes carecen de planes o proyectos de vida, y son considerados incapaces de adaptarse al medio social, por lo cual toman la delincuencia como alternativa de supervivencia. En una etapa de la vida donde se busca la identidad propia, para los adolescentes, con fácil acceso a las drogas, con pocas o falta de oportunidades de empleo, salud, educación y espacios para la cultura y el deporte, la desintegración familiar, la impunidad, entre otros tantos factores negativos, contexto en el que nace y crece la delincuencia juvenil, es cuesta arriba no asumir los modelos y patrones de conducta de su entorno o reaccionar de manera negativa con actitudes violentas en contra de la sociedad de la que se sienten excluidos. Pero es más fácil, endurecer las penas y mantener encerrados a estos jóvenes, que trabajar las causas que los llevan a desviarse.
Aumentar las penas a los jóvenes, constituye para una sociedad joven como la nuestra, una condena a cadena perpetua de nuestro futuro como sociedad. Esto no significa en modo alguno, que los adolescentes en conflicto con la ley penal no reciban las sanciones adecuadas y proporcionales al hecho que han cometido, pero confinarlos a prisión el resto de su edad adulta y productiva, sin trabajar las causas que generaron esa conducta criminal, no evitará que las generaciones que le sucedan, continúen reproduciendo este tipo de conducta.
Endurecer las penas a los adolescentes, implica que volverá a la sociedad un adulto criminal, que ha pasado la mayor parte de su vida en prisión y posiblemente no ha recibido el tratamiento adecuado para reinsertarse a la sociedad como un ente productivo y de bien, y no como un delincuente acabado, lleno de resentimiento contra una sociedad que le dio la espalda y ninguna oportunidad de retomar el camino.
Sanción si reeducación, es un camino, a futuro, muy peligroso. Podríamos decir que en 40 años, de ser esta la sanción máxima impuesta a un adolescente en caso de que sean aumentadas las penas, significa que de imponerse a un joven de 15 años, por ejemplo, tendríamos en 4 décadas, un adulto de mediana edad, convertido en un desadaptado social, ex presidiario con todo el estigma que eso conlleva en nuestra sociedad y por otro lado, 4 generaciones más, que han subido en las mismas circunstancias que el primero, al final, una sociedad con adolescentes y adultos (ex convictos) delincuentes.
Si abarcamos el tema desde el punto de vista criminológico, podemos ver que existen varias formas de respuesta al delito, una de ellas es la disuasión, esto es, para prevenir la criminalidad, y de otro lado, la resocialización, reeducación y rehabilitación del infractor y la otra parte, la integración, reparación de daño, conciliación y pacificación de las relaciones sociales.
La delincuencia juvenil, al igual que la adulta, es fruto de diversas variables que interactúan entre sí. No se puede atribuir a una causa concreta ni se puede analizar de forma aislada. Por tanto, es un problema multidisciplinar y debe explicarse desde muchos puntos de vista como el criminológico, el sociológico, el psicológico, el educativo y el penal, entre otros muchos. Es de este modo que, un problema multifactorial, no puede resolverse con una solución y aunque, para muchos, el endurecimiento de las penas a los adolescentes en conflicto con la ley penal parece la salida más rápida y efectiva para disminuir la delincuencia juvenil, debemos enfocarnos en la realidad, reconocer y trabajar las causas que generan la delincuencia en estos grupos y junto con las instituciones para la protección de la niñez y adolescencia y los actores del sistema judicial, crear políticas públicas que abarquen y traten el problema tanto en sus causas como en sus consecuencias.
Es necesario el abordaje de la delincuencia juvenil con medidas integrales e inclusivas, no solo con el aumento de las penas, descargando en el sistema de justicia y especialmente en el sistema carcelario, la solución de la problemática.
Es necesario que se reconozca que la eliminación de la delincuencia juvenil, es una labor responsabilidad de la familia, de la sociedad y del Estado, los cuales deben hacer un esfuerzo mancomunado en la lucha contra la eliminación de este flagelo que atenta contra el futuro y la seguridad de nuestra patria.
De enfrascarnos en una reforma de la Ley 136-03, Código Para el Sistema de Protección de los Derechos Fundamentales de Niños, Niñas y Adolescentes, para modificar los aspectos relativos al sistema de responsabilidad penal de la persona adolescente, debe hacerse desde la perspectiva de los derechos humanos, así como también la doctrina nacional de protección de los derechos del niño, niña y adolescentes y con respeto de las normas internacionales en materia de justicia penal de la persona adolescente.
