Santo Domingo. – El Colegio de Abogados de la República Dominicana (CARD) solicitó este martes la destitución del presidente del Consejo del Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, por alegadas faltas graves cometidas en el ejercicio de sus funciones.
“Sobre el Consejo Nacional de la Magistratura está la responsabilidad histórica de, a la luz de las faltas graves cometidas por ese funcionario atentatoria al Estado de Derecho, a la independencia judicial, requerir al Congreso Nacional la destitución del magistrado Luis Henry Molina por faltas gravísimas en el desempeño de sus funciones”, expresó el presidente del gremio, Miguel Surun.
Surun indicó que existe un “fin inconfesable” de controlar las decisiones que los jueces emiten, y que los magistrados del país se encuentran que en este momento ante un ambiente de terror, coerción y limitación en cuanto a sus funciones.
“La lucha continúa, la presión se traduce a que convoquen al Consejo Nacional de la Magistratura para la destitución de Luis Henry Molina”, enfatizó el gremialista, que se apostó frente a la sede de la Suprema Corte de Justicia junto a un grupo de abogados.
Dijo que este sometimiento tiene su fundamento en el “atropello de la tutela judicial efectiva, en los actos graves de la usurpación del Congreso, en los abusos del poder, en los atentados de este funcionario, contra la independencia de los jueces y juezas en la República Dominicana”.
Afirmó que las supuestas acciones cometidas por Molina tiene como propósito acumular todo el control de las decisiones judiciales, que se emitan en el país, “con fines inconfesables”, plasmadas en el sistema virtual que se ha implementado en medio de la pandemia.
Surun aseguró que este método es “totalmente disfuncional y que mantiene paralizado el sistema de justicia en nuestro país, con la violación flagrante del debido proceso, esas acciones además están plasmadas en la decisión de un golpe de estado institucional que se propinó el Consejo del Poder Judicial al Director Nacional de Títulos, despojándole de todas sus funciones, para además tener el control de la titularidad de la propiedad en la República Dominicana”.
Manifestó que todo lo acontecido es una violación al debido proceso y que en el país se están condenando personas y mandando a juicio sin cumplir con los requerimientos establecidos en la norma, sin siquiera contar con su abogado presente o analizarse los elementos probatorios.
“En la República Dominicana en el día de hoy se está administrando justicia sí que los jueces se le permita si quiera a analizar los elementos probatorios, en la República Dominicana han cerrado todas las sedes judiciales, a pesar de que están abiertas todos los moteles, restaurantes, bancos, plazas comerciales, todo está abierto, todas las instituciones públicas, y la única explicación hay ante este abuso es una intención de control de las decisiones judiciales, para garantizar que juez es apoderado de que y que se decide en los tribunales y eso no lo vamos a permitir”, expresó el jurista.
Sostuvo, además, que los meses que el país estuvo cerrado por la pandemia se debieron utilizarse por el Poder Judicial para preparar y acondicionar las salas de audiencia para garantizarse acceso a la justicia y seguridad ante la COVID-19.
“Lo hemos solicitado, es más el mismo Consejo a través del acta 001 del 18 de marzo del presente año, estableció el plan para el funcionamiento normal de todas las sedes, pero por razones inconfesables decidió cambiar todo el sistema, que le permita control todos los apoderamientos desde el segundo nivel de este edificio”, dijo.
“Porque no se puede depositar un documento en la República Dominicana en ningún tribunal, sin que pase por ese segundo nivel, los abogados de Monte Plata, para poner un ejemplo, tienen que venir a despostar su documentación en la provincia de Santo Domino, de sus procesos en Monte Plata|’, agregó.
Surun afirmó que las sentencias están saliendo emitidas en el Distrito Nacional por la Suprema Corte de Justicia, y que las mismas no tienen ningún tipo de fiabilidad ya que, agregó, no son firmadas por los magistrados, en franca violación a la ley 821 y a las normas procesales del debido proceso.
Dijo que el sometimiento disciplinario al Consejo Nacional de la Magistratura de Luis Henry Molina, es en virtud de las disposiciones que consagran que esa órgano evalúe el desempeño de las funciones, de los jueces de la Suprema Corte de Justicia.
