Madrid.-En plena crisis catalana, decenas de miles de personas marcharon este jueves a favor de la unidad de España en Barcelona con motivo de la fiesta nacional, teñida de luto por el accidente de un avión militar tras los festejos de Madrid.
Banderas españolas proliferaron por todo el país, desde la capital hasta Barcelona, donde unas 65.000 personas según la policía municipal participaron en una marcha llena de mensajes hostiles a los dirigentes independentistas de la región.
«Queremos reivindicar el otro bando, que se oiga que hay mucha gente en Cataluña que no está a favor de la independencia», aseguró Juan Jiménez, trabajador en una fábrica de automóviles de 26 años.
«Puigdemont a prisión», gritaban muchos en referencia al presidente regional que amenaza con proclamar una república independiente en esta región de 7,5 millones de habitantes con un 19% del PIB español y amplias cotas de autogobierno.
Esta autonomía, apreciada por una gran parte de los catalanes, corre peligro tras el ultimátum lanzado por el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, a Carles Puigdemont para que clarifique si declaró o no la independencia.
La medida sería inaudita desde la restauración democrática en España y podría acarrear fuertes protestas en Cataluña. Rajoy dispone del apoyo de una mayoría del arco parlamentario, especialmente del líder de la oposición, el Partido Socialista, que también consiguió arrancar un compromiso de los conservadores para estudiar una reforma constitucional que mejore las relaciones con esta región.
Pero declarar la independencia también generaría mucho malestar en alrededor de la mitad de los catalanes que quiere seguir en España, movilizados en multitudinarias manifestaciones el domingo y el jueves en Barcelona.
«Cada año por el día nacional solemos salir con la bandera española pero este año incluso más porque tenemos que defender la unidad de España», dijo Raquel Martínez, estudiante de 18 años.
La crisis está activando también a la extrema derecha: unos 350 ultras quemaron banderas separatistas en una pequeña protesta en Barcelona mientras que dos grupos de hinchas de fútbol se enfrentaron brevemente en el centro de la ciudad.
Por otra parte, la fiesta en Madrid para conmemorar la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 se tiñó de luto cuando un avión militar se estrelló en la provincia de Albacete, 300 km al sureste, causando la muerte del piloto. La aeronave venía de participar en el tradicional desfile de las fuerzas armadas en la capital, presidido por el rey Felipe VI y Rajoy.
En el desfile destacaron la gran cantidad de banderas españolas entre los asistentes y la participación treinta años después de la Policía Nacional, muy aplaudida tras el acoso recibido en Cataluña por manifestantes que protestaban contra su dura intervención para impedir el referendo inconstitucional del 1 de octubre.
Esa actuación les valió este jueves una reprobación de Human Rights Watch, criticando la violencia contra manifestantes pacíficos que se concentraban en los colegios electorales.
Múltiples presiones
Desde entonces, las relaciones entre esa región nororiental y el poder central pasan por su peor momento desde la recuperación del autogobierno en Cataluña, suspendido durante la dictadura de Francisco Franco (1939-1975).
Para los dirigentes catalanes, los independentistas ganaron ampliamente ese referendo. Y a pesar de la corta participación (43%), quieren llevar adelante su plan de secesión. En una confusa sesión parlamentaria el martes, Puigdemont dijo asumir «el mandato de que Cataluña se convierta en un Estado independiente en forma de República» pero pidió suspender «los efectos de la declaración de independencia».
El objetivo del aplazamiento es intentar establecer una mediación internacional rechazada sistemáticamente por el gobierno español para solucionar este conflicto que está impactando duramente en la economía.
Decenas de empresas, algunas emblemáticas en la región como el banco Caixabank, trasladaron su sede fuera de Cataluña y la agencia de calificación Standard&Poors advirtió este jueves de un riesgo de «recesión» si la crisis persiste. A ello hay que sumarle la presión de la comunidad internacional, especialmente europea.
La Comisión Europea pidió «pleno respeto del orden constitucional español» y París, Berlín y Roma denunciaron el carácter «ilegal» e «inaceptable» de una declaración de independencia. Pero al mismo tiempo, Puigdemont se ve presionado por sus propios aliados que no confían en la posibilidad de un diálogo con Madrid y le reclaman romper cuanto antes.
