Lima.– El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Perú (MinjusDH) afirmó que «se actuó con veracidad y apego a las normas» en el proceso de indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski al exgobernante Alberto Fujimori (1990-2000).
En un comunicado oficial, el ministerio aseguró que en la decisión «se respetó la atribución constitucional del presidente para conceder indulto humanitario y derecho de gracia».
Agregó, además, que se actuó «con reserva» en 45 pedidos de gracias presidenciales presentados a favor de Fujimori durante este año, conforme a la Ley de Protección de Datos Personales.
El ministerio sostuvo que cuando el pasado 21 de diciembre, en pleno debate en el Congreso de un pedido para que se destituya a Kuczynski, negó tener en su poder un informe médico favorable al indulto a Fujimori no se refería al expediente del indulto.
Según el ministerio, eso fue lo que «procedió a informar» a la presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz, «lo que explica sus declaraciones públicas», en las que negó la existencia de cualquier trámite de indulto.
La nota oficial también ofreció una cronología del proceso del pedido de indulto que, según indicó, se recibió con la firma de Fujimori el 11 de diciembre y el 22 de diciembre tuvo el expediente completo para su evaluación por la Comisión de Gracias Presidenciales.
Ese organismo llegó a la conclusión de que el exgobernante es «una persona que padece de una enfermedad no terminal grave, que se encuentra en etapa avanzada, progresiva, degenerativa e incurable».
Además, que las condiciones carcelarias colocaban «en grave riesgo su vida, salud e integridad», por lo que recomendó la concesión del indulto y derecho de gracia por razones humanitarias.
El indulto concedido por el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, al exmandatario Alberto Fujimori comenzó hoy a debilitar el grupo parlamentario del oficialismo con su primera renuncia y generó la convocatoria de más manifestaciones en protesta por la liberación del exgobernante.
El congresista Alberto De Belaúnde, del oficialista Peruanos Por el Kambio (PPK), formalizó su renuncia al grupo parlamentario, tal como había anunciado el domingo 24, por su disconformidad con el indulto que exime a Fujimori de cumplir la mayor parte de una condena de 25 años de cárcel por violaciones a los derechos humanos, reseñó Efe.
Además de De Belaúnde, los también parlamentarios oficialistas Vicente Zeballos, quien actuaba como portavoz del grupo, y Gino Costa anunciaron su renuncia a la bancada de Kuczynski, pendiente de formalizarse en los próximos días.
Con esas tres deserciones, el partido de Kuczynski se quedará con solo quince congresistas en un hemiciclo de 130 escaños que controla con mayoría absoluta el fujimorismo.
Otras renuncias que se dieron en respuesta a la acción de Kuczynski fueron la del viceministro de Seguridad Pública peruano, Ricardo Valdés, y el ministro del Interior, Carlos Basombrío.
Durante esta semana también se espera que se sucedan más manifestaciones contra el indulto a Fujimori, similares a las que ya acontecieron en esta Navidad, cuando miles de personas salieron a las calles para pedir el regreso del expresidente a la prisión.
La más multitudinaria se celebrará el jueves 28 por la tarde en Lima, donde este lunes navideño se produjeron algunos altercados entre manifestantes y la Policía Nacional del Perú (PNP) para impedir que las movilizaciones se dirigieran hacia el Palacio de Gobierno, sede del Ejecutivo, o a la clínica donde está Fujimori.
El expresidente está hospitalizado desde el viernes 23 en una clínica de Lima, donde se enteró del indulto otorgado por Kuczynski tras ser trasladado de la prisión donde cumplía su condena, y a la que ya no regresará una vez que concluya su hospitalización.
Kuczynski firmó el indulto solo tres días después de salvarse de ser destituido por el Congreso, gracias a la abstención de un pequeño sector del fujimorismo encabezado por Kenji Fujimori, hijo menor del expresidente, quien anteriormente había pedido de manera abierta al actual mandatario el indulto para su padre.
Fujimori fue condenado en 2009 a 25 años de prisión como autor mediato (con dominio del hecho) del asesinato de 25 personas en las matanzas de Barrios Altos (1991) y La Cantuta (1992), ejecutadas por el grupo militar encubierto Colina, además de por los secuestros de un periodista y un empresario en 1992.
Naciones Unidas lamenta indulto
El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) lamentó la decisión del presidente peruano, Pedro Pablo Kuczynski, de indultar al ex mandatario Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión como autor mediato de 25 asesinatos y dos secuestros.
El representante del ACNUDH para América del Sur, Amerigo Incalcaterra, señaló que «la concesión de indultos es una prerrogativa que exige un análisis riguroso en cada caso, considerando la gravedad de los hechos en el marco de un proceso transparente e inclusivo, a la luz de las normas internacionales de derechos humanos».
«En ese sentido, las decisiones de las autoridades deben respetar siempre la obligación del Estado de investigar, procesar y sancionar las violaciones de derechos humanos, evitando cualquier situación que pueda llevar a la impunidad», añadió.
Incalcaterra destacó que la sentencia contra Fujimori en 2009 «marcó un hito histórico para Perú y la región de América Latina en materia de lucha contra la impunidad por graves crímenes de derechos humanos».
El representante del ACNUDH en América del Sur recordó que el alto comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas, Zeid Ra’ad Al Hussein, visitó Perú en octubre de 2017, ocasión en la que subrayó a las autoridades peruanas que, por su gravedad, los crímenes cometidos por Fujimori «son del interés de la comunidad internacional en su conjunto».
Incalcaterra destacó además que las autoridades siempre deben tener en cuenta a las víctimas y a sus familiares. «No poner la situación de las víctimas al centro de estas decisiones desvirtúa el camino avanzado por el Estado peruano en materia de verdad, justicia, memoria y reparación», afirmó.
Piden liberación de líder de Sendero Luminoso
Alfredo Crespo, el abogado del líder de Sendero Luminoso, Abimael Guzmán, pidió hoy la liberación de su defendido tras la concesión, el domingo pasado, de un indulto humanitario al expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000).
«A igual razón, igual derecho», afirmó Crespo tras asegurar que Guzmán «ya tiene más de 25 años en aislamiento absoluto» en su prisión de la base naval de la provincia limeña del Callao.
Crespo agregó que el fundador de Sendero Luminoso «es una persona de 83 años de edad, que tiene varias dolencias de salud, presión arterial, corazón, artritis reumatoidea, secuelas de la psoriasis y estomacales».
El abogado aclaró que no aún no ha hablado con Guzmán sobre este tema y dijo que no solicita específicamente que se otorgue un indulto, sino «su libertad, y cómo esta se de, se verá más adelante».
«La vía tendría que definirla él (Guzmán); tiene acceso a medios de información, a la televisión, él sabrá en qué momento, si considera plantearlo, pero sí creo que debe darse dentro una solución integral, que no se personalice», señaló.
Crespo dijo que ha hecho el pedido al ver que a «una persona como el señor Fujimori lo han indultado por causas como la guerra interna», como denominó al enfrentamiento que desató Sendero contra el Estado peruano entre 1980 y el 2000.
Sostuvo, en ese sentido que no tiene una opinión en contra de la decisión del presidente Pedro Pablo Kuczynski de indultar a Fujimori por razones humanitarias tras haber cumplido poco más de 8 años de una condena a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad.
«No puedo oponerme a la libertad de otro preso, no me voy a oponer ni soy de una opinión en contra, pero pienso que la solución que necesita el país es integral, no puede reducirse a una persona», acotó.
Consideró, en ese sentido, que se debe dar «una amnistía general» para todos los presos y procesados por el conflicto interno, desde policías y militares hasta militantes de Sendero y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).
«Debe ser una solución para todos, que también contemple el problema de los desaparecidos, torturados, las reparaciones a los familiares, los exiliados y el cambio de la legislación antiterrorista, porque ya no hay terrorismo en el Perú», matizó.
Crespo también dijo que «el dolor» que sienten los familiares de las víctimas es «muy comprensible de ambos lados», pero consideró que la solución «tiene que supeditarse al interés nacional» para que, en su opinión, su país pueda llegar al bicentenario de su independencia, en 2021, «en reconciliación nacional».
El abogado defendió que, para eso, es necesario establecer «un nuevo pacto social», que pase por dar una nueva Constitución en la que participen «todas las fuerzas políticas incluyendo al Movadef» (Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales), la agrupación a la que pertenece y que las autoridades consideran el brazo político de Sendero Luminoso.
«Ese será el medio para canalizar todas las protestas sociales y también para que se ponga freno al neoliberalismo», concluyó.
El informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) presentado en 2003 señaló que Sendero Luminoso fue el principal responsable de las más de 69.000 víctimas por el conflicto interno que asoló a Perú entre 1980 y 2000.
