Madrid.- El referéndum sobre la autodeterminación organizado el 1 de octubre por los dirigentes separatistas de Cataluña sumió a España en su mayor crisis política desde el golpe de Estado fallido de 1981. Pero, esta crisis no terminó con la realización de la traumática consulta. Muy por el contrario, luego del primero de octubre, la situación es aún más tensa que los días previos al referendo y desataron eventos que solo acrecentaron las diferencias entre separatistas y quienes están en contra de la secesión.
Tras varios días de tensiones crecientes, los catalanes ganados a la separación de Cataluña del resto de España, acudieron a los centros de votación para un referendo de autodeterminación, convocado el 6 de septiembre aun cuando el Tribunal Constitucional lo declaró ilegal, en un claro desconocimiento de la autoridad española por parte del presidente de la Generalitat y el Parlament catalán.
Pese a múltiples advertencias, tanto del presidente de Gobierno español, Mariano Rajoy como de las autoridades españolas, de que harían lo necesario para impedir la consulta, a través de los mecanismos que el estado de Derecho español y las leyes garantizan en la Constitución española, el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont junto a un grupo de aliados separatistas decidieron llevar adelante el referendo.
La policía Nacional y la Guardia Civil española, fueron enviadas a Cataluña, para tratar de impedir que se celebre la consulta y el escrutinio en un centenar de colegios electorales. Durante el día, las fuerzas de seguridad ingresan en colegios, para desalojar a la gente presente haciendo uso de la represión para ello, obteniendo como resultado unos 92 civiles heridos y unos 39 agentes del orden. Las imágenes de la represión policial dan la vuelta al mundo. Se registran al menos 92 heridos. Por la noche, el presidente catalán, Carles Puigdemont, afirma que los ciudadanos de Cataluña se han ganado «el derecho a tener un Estado independiente en forma de República».
El jefe del gobierno español, Mariano Rajoy, aseguró, por su parte, que no hubo referendo y declaró que las fuerzas de seguridad cumplieron con su obligación. Por su parte, el gobierno separatista afirmó que el sí ganó con un 90% de los votos de los 2,26 millones de votantes (42,3% de participación).
Mientras tanto, la Comisión Europea instó al Gobierno central y a los independentistas a poner fin a la violencia y a reanudar el diálogo y Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat, solicitó una mediación internacional, exigiendo la retirada de las fuerzas de seguridad. Varios miles de personas manifestaron en Barcelona y en otras ciudades de la región para defender el referendo y denunciar la violencia policial.
En paralelo, se lleva a cabo una huelga general convocada por 40 de organizaciones sindicales, políticas y sociales, y una multitudinaria manifestación reunió a 700.000 personas en Barcelona, según cifras manejadas por la policía local, Mossos d’Squadra para protestar contra la violencia de la Policía Nacional y la Guardia Civil españolas. Por la noche, el rey de España, Felipe VI, declaró en un discurso televisado, algo inusual, que el Estado debe asegurar el orden constitucional y denuncia la deslealtad inadmisible de los dirigentes catalanes.
En entrevista, Puigdemont aseguró que su gobierno preveía declarar la independencia de Cataluña en los días subsiguientes a la consulta ilegal (el 10 de octubre) y el Tribunal Constitucional suspende la sesión del Parlament catalán. Puigdemont, retrasa su participación en el Parlament catalán para el martes 11 de octubre y pide una mediación internacional para solucionar el asunto en Cataluña. Además, acusó al rey de haber ignorado deliberadamente a millones de catalanes escandalizados por la violencia policial y reitera su pedido a una mediación internacional, que Madrid rechazó.
Se transmiten los resultados definitivos del referéndum al parlamento regional en donde 90,18% de los votos respaldan la secesión, mientras que la tasa de participación fue del 43%, pero el Gobierno español instó a los dirigentes catalanes a disolver su parlamento y a convocar elecciones autonómicas. El delegado del Gobierno en Cataluña se disculpa, por primera vez, en nombre de las fuerzas de seguridad y en Madrid, responsables independentistas quedan en libertad tras presentarse ante la justicia por acusaciones de sedición durante unas manifestaciones llevadas a cabo el 20 y 21 de septiembre.
En el ámbito económico, las reacciones no se hicieron esperar. La Bolsa de Madrid se desplomó, Banco Sabadell, segundo banco de Cataluña, anunció el traslado de su sede social fuera de la región, siguiendo su ejemplo varias empresas, incluyendo el tercer banco de España, Caixabank, o el grupo Gas Natural, que hicieron los mismo al día siguiente. También la textilera Dogi y Freixenet y Codorníu, se plantean la posibilidad de mudar sus sedes de Cataluña.
Por su parte, y en medio de toda la tensión vivida en la semana post referendo ilegal secesionista, Artur Mas, expresidente de la Generalitat, declaró que Cataluña aún no está preparada para asumir el compromiso de ser independiente.
Pero, la convocatoria de manifestaciones anti independentistas fue realizada y decenas de miles de personas, vestidas de blanco, se manifestaron en varias ciudades de España para reclamar un diálogo entre los catalanes y el resto del país, por la unidad de España. Otra manifestación, congrega en el centro de Madrid a unas 50.000 personas para defender la unidad de España.
