Por : Carlos E. Pimentel Florenzán
“Lo que más confusión provoca en el espíritu es el uso que se hace de estas palabras: democracia, instituciones democráticas, gobierno democrático. Mientras no se las defina claramente y no se llegue a un entendimiento sobre su definición, se vivirá en una confusión de ideas inexplicable, con gran ventaja para demagogos y déspotas: Alexis de Tocqueville
El fracaso del modelo “democrático” con su secuela de fenómenos con características endémicas: pobreza, corrupción, delincuencia, criminalidad, anarquía estatal y la desinstitunacionalización, impacta en los diferentes estamentos sociales. La no correspondencia, articulación entre crecimiento económico y la democracia real crea en su funcionamiento mayores niveles de desigualdades sociales, marginaciones, exclusiones, inequidades, injusticias y empobrecimiento de grandes masas de la población.
Reconocer la complejidad de la problemática de la democracia, las insuficiencias, y arbitrariedades en su evolución histórica, así como de las diferentes teorías divergentes que tratan de salvarla y de las disfunciones, dislocaciones y distanciamiento de los “principios y valores” que le dieron origen.
Los síntomas de la crisis de la democracia en República Dominicana son claros, entre ellos, la incapacidad del Estado de agregar las demandas económicas y sociales, la hegemonía y control del presidencialismo de los otros poderes del Estado, las formas clientelares apoyadas en el servilismo, la miseria y la mediocridad.
En el queda evidenciado en el marco jurídico e institucional, que en los últimos años se registran cambios legales, normativos formales, tecnológicos y operativos de innegables trascendencias en los ámbitos de la administración financiera y presupuestaria pública, pero se debe garantizar su cumplimiento e implementación.
Porque en base al análisis, los alarmantes datos conocidos en el país sobre el despilfarro del gasto público, conduce a reconocer que queda un amplio camino por recorrer en materia de una cultura de transparencia, institucionalización, legalidad, democracia y de manejo de los recursos públicos con integridad y eficiencia.
La ausencia de cumplimiento de dispositivos normativos y un robusto sistema de consecuencia para el control del gasto público, generado por la falta de inspecciones y por el desorden institucionalizado, promovido desde el partido cartel que se apropia del patrimonio público, administrando el erario con imprudencia y con fines particulares o grupales, por encima del bien común y perpetuando un lodazal político e institucional.
El indiscutible aumento del gasto público, el frecuente déficit fiscal y como consecuencia el incremento de la deuda pública interna y externa, convertido en un medio para financiar la acumulación originaria de capitales de actores políticos y grupos económicos, sobre la base del empobrecimiento de la población, llegó a cifras alarmantes, preocupantes e insostenibles en el corto plazo.
El crecimiento de una nómina pública sin control y racionalidad es la muestra más clara de un modelo clientelar, que mantiene organismos públicos creados sin cumplir la misión que se les ha encomendado, la incapacidad para imponer el imperio de la Ley, reformas aprobadas y no aplicadas, o aprobación complacientemente, acompañado de la proliferación de instituciones con funciones difusas o duplicada, para arantizar el patronazgo y el clientelismo.
El clientelismo se reproduce en las sociedades con bajos niveles de desarrollo democrático, político y social, donde prima el desorden, lo ilegal e ilegitimo, la repartición y comercialización del empleo público, una muestra de los atrasos institucionales en los cuales estamos inmersos.
Esta desviación en la administración pública puede explicar los altos niveles de corrupción, la ineficiencia y la baja calidad de los servicios públicos, además del despilfarro de los recursos públicos, en una nómina supernumeraria y una empleomanía que no logramos cuantificar, ni identificar sus funciones, competencias y atribuciones reales.
El presumido y publicitado crecimiento económico, no se traduce al impulso de políticas públicas e inversiones sociales que dignifique la vida de los dominicanos y que además de estar acompañado de un presupuesto público clientelar se han caracterizados por la implementación de un modelo presupuestario deficitario, motivando un fuerte endeudamiento por parte del Gobierno Central, el cual compromete la gobernabilidad, la democracia y el desarrollo, con sus frecuentes paquetazos fiscales.
De acuerdo al Prof. Jose Rijo Presbot “Durante el año de 2008, el aumento de forma ilegal del déficit alcanzó el 451 % con relación al aprobado en la ley No. 15-08, de PGE-2008; en el 2012, alcanzó un incremento de 595 %, con relación al aprobado en la ley No. 294-11, de PGE-2012; y en el 2016, el aumento fue de 80 % con relación a la ley No. 260-15, de PGE-2016”
La deuda social es una de las más altas del continente, déficit en desarrollo humano: salud, educación, vivienda, esperanza de vida y otros indicadores sociales, el déficit institucional, el incumplimiento de los compromisos, irrespeto a la ley, corrupción, impunidad, explica y complica el problema e indica que tan poco vamos en el camino de democratizar el país que queremos y merecemos
La evidencia más clara de esta afirmación reside en el incremento descomunal en el gasto gubernamental, sustentado en un modelo clientelar, con incrementos en el déficits fiscal y un abusivo endeudamiento.
La República Dominicana ni crece, ni se democratiza, urge la adopción de mecanismos de controles claros, precisos, que permitan establecer medidas para garantizar la responsabilidad fiscal, aumentar la transparencia, transformando la gestión del gasto del Estado y reducir la corrupción, la impunidad.
