Por: Rafael Ciprián
En nuestra comparecencia ante la honorable Comisión del Senado de la República, encargada de evaluar a los que aspiramos a la Presidencia o Miembros Titulares, así como a los que buscan ser Suplentes en la Junta Central Electoral (JCE), afirmamos que debemos volcar a la JCE hacia la institucionalidad, la modernidad y la legalidad; la transparencia presupuestaria y funcional; la eficiencia, la eficacia y la imparcialidad. Solo así podremos fortalecer el orden democrático en que vivimos.
Y, además, lograremos borrar el escándalo y la vergüenza de haber suspendido las elecciones ordinarias y generales municipales del recién pasado mes de febrero. Todo por la negligencia culposa, la falta de gerencia y la ilusa autosuficiencia en esa institución.
Algunos no han pensado en la gran importancia que tiene la JCE. En ella se expresan los anhelos más caros de nuestro pueblo. Si ese ente público no actúa como mandan la Constitución y las leyes, los dominicanos terminaríamos frustrados, y el país transitaría por senderos de inestabilidad económica, social y política.
En la JCE se juega el presente y el futuro de la nación. Sus decisiones nos afectan a todos, para bien o para mal. Para bien, si se designan en ella personas independientes y, para mal, si el partidismo y las manipulaciones se apoderan del árbitro, como tercero imparcial, que debe ser el ente rector de las elecciones, del registro del estado civil y la cédula de identidad y electoral. Ahí se juega la identidad de cada uno y la dominicanidad.
Ciertamente, desde que nacemos, nos desarrollamos y morimos somos dependientes de la JCE. Las actas de nacimiento, matrimonio y defunción, junto con la Cédula, hablan de la vida y muerte de cada uno. Ellas rigen nuestra existencia.
La JCE es la fuente primigenia, si obedece la voluntad popular, de donde surgen las legítimas autoridades públicas. Todos los órganos constitucionales son representados por funcionarios que de manera directa o indirecta se deben a las decisiones que toma la JCE.
Desde el presidente de la República y el gobierno central, con toda la burocracia; el ámbito congresual, con los diputados y senadores, y su personal de apoyo; así como el mundo municipal, con sus alcaldes, regidores, directores, vocales y empleados de los cabildos. Hasta llegar al Consejo Nacional de la Magistratura, que designa a los jueces de las altas cortes, y estos a los que les auxiliarán en sus funciones.
Por tanto, las políticas públicas, la justicia y el sistema de consecuencias; el progreso y desarrollo del país; la vida privada, la paz pública y la cohesión social dependerán de quiénes dirijan la JCE y de cómo se manejen.
El Senado tiene una papa caliente en sus manos, y confiamos en sus sabias decisiones.
