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Prueba de fuego del Consejo Nacional de la Magistratura


Por: Carlos Salcedo

A finales del presente año y el próximo el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) debe elegir los jueces del Tribunal Constitucional (TC) que sustituirán a los cuatro jueces salientes, Isabel Bonilla, Wilson Gómez, Katia Miguelina Jiménez y Hermógenes Acosta.

De igual forma debe seleccionar a los jueces titulares y suplentes del Tribunal Superior Electoral (TSE), así como evaluar al magistrado juez de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, que no lo fue por ser designado como juez de la instrucción especial del caso Odebrecht, para conocer de las medidas de coerción como de la audiencia preliminar, que terminó con el envío a juicio de varios de los imputados.

El país ha ido construyendo instituciones muy necesarias en democracia y que responden a nuestro Estado Constitucional y Convencional de Derecho. Se han logrado avances; pero hay que seguir fortaleciendo los órganos de justicia, conformándolos con personas no solamente íntegras, sino con suficiente determinación, carácter, aptitud, independencia, externa e interna, y, en consecuencia, imparciales a la hora de tomar sus decisiones o emitir sus opiniones.

Los derechos fundamentales son los que reconoce la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos; pero es al TC que le corresponde, fundamentalmente, garantizarlos y hacerlos efectivos, al tiempo de defender la supremacía de la Constitución. Pero, además, los derechos constitucionales son los que el TC dice que son. Más aún, es la guía de interpretación orientadora de todo el sistema jurídico, las instituciones del Estado y los particulares.

Le toca al TSE decidir los conflictos electorales y resolver los conflictos surgidos en los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, ordenar la celebración de nuevas elecciones cuando hayan sido anuladas, entre otros temas de trascendencia democrática.

La trascendencia de las decisiones de la Suprema Corte de Justicia son harto conocidas, pues decide si en los procesos ha sido bien o mal aplicada la ley.

De ahí que toca al CNM demostrar, con las elecciones que realicen, su madurez y ganar mayor credibilidad, sobre todo cuando sus últimas decisiones fueron tan cuestionadas, al revelar que más que un órgano democrático era un órgano de imposiciones y arbitrariedades.


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