Por: Elexido Paula Liranzo
De manera preliminar, el Consejo de Ministros decidió que el monto del presupuesto para el año 2018 ascenderá a unos RD$ 814,821 MM, hasta tanto sea conocido por el Congreso Nacional, quien tendrá la facultad de modificarlo o no. Con la mayoría mecánica en ambas cámaras el gobierno da como un hecho que se aprobará tal como ellos lo plantean, pues sabemos que dicho congreso es un sello gomígrafo del Poder Ejecutivo.
Algunos de nuestros economistas como Pavel Isa Contreras, Antonio Ciriaco Cruz y Collado Di Franco sienten niveles de peligrosidad en nuestra economía al acumularse 11 años consecutivos de endeudamiento, conscientes de que esa masa de dinero cada vez más cuantiosa la pagan los ciudadanos con sus impuestos.
Si tomamos las cifras generales y gruesas del proyecto de presupuesto para el año 2018, vemos que el gasto público ascenderá a RD$ 687,000 MM, con la agravante de que a ese monto se le deben sumar RD$ 127,000 MM, para el pago de préstamos.
El gobierno que preside Danilo Medina no ha podido reducir su déficit fiscal, el cual será en el 2018 de casi RD$ 80,000 MM, los que tendrán que ser financiados con bonos. Eso significa que el gobierno tendrá que constreñir, controlar y disminuir el gasto público, sobre todo el gasto superfluo, que se convierte muchas veces en derroche y dispendio. Todo indica que cada año aumenta de manera sostenida la partida presupuestaria destinada al pago de intereses y amortización de la deuda pública y al vencimiento de bonos soberanos.
El director de la escuela de economía de la UASD, Antonio Ciriaco Cruz sostiene que “el gobierno está cayendo en su propia trampa”. Si el gobierno aspira a una mayor recaudación debe dedicarse a fondo y hacer ingentes esfuerzos, acompañado de una ardua labor para prevenir la evasión y consecuentemente modernizar, a través de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), la Tesorería Nacional y la Dirección General de Aduanas, los procesos y mecanismos propios de una eficiente recaudación.
Lo que lamentablemente el país ve que las autoridades de este gobierno han hecho en sus 17 años de gobierno, en cada presupuesto, es drenar y succionar grandes partidas para obras no prioritarias, tomar los recursos que le pertenecen al pueblo como un botín y una alcancía personal para incrementar sus fortunas y acumular riquezas a costilla del pueblo, con actos de corrupción, manifestados en robo, fraude, estafa, nepotismo, asociación de malhechores, concusión y sin que esto acarree o traiga ninguna consecuencia, castigo o sanción ni para el funcionario corrupto ni para el agente corruptor, sea quien sea.
Los recursos proyectados deberán estar dirigidos como manda la ley a los programas sociales y a la dinamización de la economía, vía las obras de infraestructuras, equitativa y proporcionalmente dirigidas a los sectores más carenciados, excluidos y marginados; abarcando todo el ámbito geográfico, es decir, que la inversión de capital se concentre no solo en las principales ciudades del país, sino también en los pequeños poblados, por lejanos de la metrópolis que estén; igualmente a todo ciudadano sin distinción que paga impuestos al Estado.
Otras instituciones que por ley tienen sus asignaciones y que cada año se violentan, son, por ejemplo: la justicia, los ayuntamientos, la UASD; cada una de ellas representan un soporte para la democracia, el desarrollo y la institucionalidad de la nación.
El Despacho de la Primera Dama, la Presidencia de la República y el Ministerio de Relaciones Exteriores no deben tragarse las partidas que se le adjudican en detrimento del sistema de salud, sector vital en cualquier nación del mundo; hoy día en nuestro país atrofiado, arrabalizado, atrasado y abandonado por las autoridades peledeístas. Esas instituciones se han convertido en el nido del parasitismo y asistencialismo a través de ellas para otorgar canonjías, favores y privilegios sin dar solución eficaz y de fondo a ningún problema fundamental del país, como: vivienda, empleo, salud, educación, seguridad social, agricultura, seguridad ciudadana y medio ambiente.
El Presupuesto General de la Nación de cada año debe estar destinado al desarrollo integral de nuestros ciudadanos y ciudadanas y nuestros pueblos, por lo tanto, debe ser equilibrado, equitativo y racional; cuyas erogaciones han de ceñirse a la calidad, la transparencia, la eficiencia, la ética y la moral.
