Los pobres no deben “joderse” en tiempos de campaña

Por: Aureliano Vincent 

El Plan de Asistencia Social de la Presidencia (PASP) es un mecanismo institucional bajo la dependencia directa de la Presidencia de la República. Su misión es la de mitigar las necesidades básicas de los sectores y personas más pobres que pobres. Siendo un programa de la Presidencia, los controles sobre sus decisiones y ejecutorias, corresponden al Ministerio de la Presidencia, órgano de gobierno del Estado que tiene como una de sus principales funciones “ostentar, coordinar y controlar las actividades de los organismos o entidades que la Ley coloca bajo la dependencia del Poder Ejecutivo”.

Dudamos que el ministro Montalvo haya aprobado las tan publicitadas travesuras clientelistas electorales del PASP. Hasta donde sabemos, es un hombre recto, austero, prudente, legalista y excelente técnico. Sin duda, cuenta con una traslúcida carrera en la Administración.

No podemos decir lo mismo de la responsable directa del programa que, en un arrebato emotivo-clientelista-electoral, ordena una contraofensiva despiadada contra los críticos y escrupulosos vigilantes de las acciones del Gobierno. ¿Para qué lo haría si los gastos del PASP están dentro del marco de la legalidad?

Una orden de compra de electrodomésticos por casi 400 millones de pesos en plena coyuntura electoral, no es para que sea celebrada en un país atrapado por el clientelismo más desvergonzado. Las malas mañas y el desprecio de la normatividad son parte consustancial de su dinámica política secular.

La Ley Electoral 15-19 prohíbe los gastos y las actuaciones de las autoridades que de alguna manera puedan favorecer sus candidatos.

Si bien dicha ley excluye los programas de la naturaleza del que tratamos, tal exclusión tiene una clara condicionalidad: que los gastos estén consignados en la planificación anual. De este modo, no podrán verificarse aumentos en los gastos, ni en la cantidad de beneficiarios previamente contemplados. Tampoco deben ordenarse en los períodos comprendidos entre los 40 días que precedan a las elecciones municipales y los 60 que antecedan a las presidenciales.

El año recién comienza y solo disponemos del Plan Estratégico Institucional 2019 del PASP (PEI-2019). Hasta donde sabemos no existe un PEI actualizado para el presente año. Este, como es norma, se acompaña de un plan operativo de productos, gastos o inversiones, objetivos y metas para un horizonte temporal de un año.

Como las mencionadas compras millonarias de electrodomésticos se ejecutarán este año, deberían estar contempladas en la planificación operativa 2020. En el portal de transparencia institucional” del PASP no hay evidencias de ello hasta este momento (10/02/2020). Obviamente, abierta la caja de pandora, un plan operativo de emergencia es muy fácil de armar en un par de días de trabajo.

En todo caso, ya esos gastos están justificados: no podemos permitir que los pobres “se jodan durante el período electoral”.

Las reacciones del Gobierno no se hicieron esperar y ocurrieron al mismo tiempo que la JCE agitaba el palo sobre una “veda” a las inauguraciones de obras y gastos sociales extraordinarios. Sabemos que la Junta no va a hacer absolutamente nada para detener los pecados de campaña. Por esta razón, entendemos que quien cometió un exceso fue el ministro de Interior y Policía. ¡Debió esperar que la Junta no hiciera nada!

Por otro lado, como bien señala Acento (editorial del 8 de febrero), la Junta, con su retórica legalista -esto lo decimos nosotros-, ofreció al Gobierno la oportunidad de retomar una correcta estrategia comunicacional y salir de la que sigue aferrado: muchos voceros informales de la presidencia, incluidos increíblemente los propios protagonistas de los escándalos ya recurrentes. Estos terminan agravando y sobredimensionando cualquier comportamiento equívoco o inmoral de las autoridades.

Mientras, para la Dirección General de Comunicación de la Presidencia, el Ministerio de la Presidencia y el mismo presidente, los justificados cuestionamientos a gastos extraordinarios, asfaltado de calles con propaganda de candidatos oficiales y movilidad financiada de activistas con los impuestos que nos cobran, no son más que puros espejismos de cientos de miles de ciudadanos.03

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