Por: Jhonatan Liriano
La Marcha Verde es el más importante movimiento social de lo que va del siglo XXI en República Dominicana.
Como todo movimiento social, aglutina y representa las voluntades de personas y sectores alrededor de una reivindicación o tema específico. En este caso la bandera de lucha es el fin de la impunidad, fortalecida por un contexto internacional que favorece e incentiva con pruebas concretas las exigencias locales de Justicia y sanciones contra la delincuencia política vinculada al caso Odebrecht.
Este espacio tiene una representación nacional, altamente heterogénea. Obreros, profesionales, campesinos, chiriperos, comerciantes, pequeños y grandes empresarios, católicos, evangélicos, organizaciones sin fines de lucro, activistas sociales, funcionarios públicos, dirigentes de partidos y otros tantos actores del mapa sociopolítico dominicano apoyan y sostienen las actividades verdes, con una participación destacada de la clase media.
Esta diversidad es la principal fortaleza y el mayor desafío del movimiento. Y el oficialismo lo sabe. En el proceso participan algunos actores que frente a otras problemáticas nacionales tienen profundas diferencias o insalvables antagonismos, por lo que la inclusión en la agenda verde de temas distintos al fin de la impunidad podría generar en estos momentos discusiones estériles, conflictos internos, reducción de la efectividad, deserciones y hasta desmovilización. Para mala suerte de la delincuencia política aliada a Odebrecht, en la Marcha Verde existe una clara consciencia de esta realidad, y se trabaja de manera enfocada y progresiva para derrotar a todas las estructuras políticas, jurídicas y sociales que sostienen al régimen de corrupción e impunidad instalado en el Estado dominicano.
Desde el oficialismo se esparce por las redes sociales y las bocinas de los medios tradicionales el canto de sirena sobre el supuesto carácter proselitista o subversivo de la Marcha Verde. Es otro intento fallido de engañar a la ciudadanía y a la opinión pública. Quienes marchan y quienes trabajan para que se marche tienen absoluta claridad de que participan en un movimiento social, reivindicativo y transformador, aunque no ignoran ni permiten el florecimiento del oportunismo político tan común en este país en el que muchos quieren cosechar sin dedicar un solo día de sus vidas a la noble labor de la siembra.
Respecto al discurso de la subversión, en el Gobierno, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), los consejos editoriales de la prensa nacional, las embajadas y la observación internacional saben muy bien que las operaciones del presidente Danilo Medina para impedir la aplicación real de Justicia en el caso Odebrecht son las mayores acciones subversivas de la actual coyuntura. Con cada día, con cada mareo mediático del procurador Jean Alain Rodríguez, con cada burla del ministro José Ramón Peralta y con cada amenaza velada de los Pared Pérez de siempre se reduce la legitimidad de un gobierno alcanzado y sostenido bajo la dirección de un delincuente internacional llamado Joao Santana.
Las acciones que decida emprender la ciudadanía dominicana frente a un Gobierno que se deslegitima a sí mismo todos los días no son ni serán responsabilidad de la Marcha Verde. Pero, si buscan alcanzar el anhelado objetivo del fin de la impunidad, será una obligación del movimiento apoyarlas.
