Por: Daygorod Fabián
La sinuosidad resulta evidente a la hora de auscultar la naturaleza (generalmente dudosa) de las fortunas de los exponentes partidarios, que ven en el ejercicio político un puente para acumular patrimonios y exhibir niveles de promoción social, basados en la pleitesía. Cuando el propósito es adquirir bienes muebles e inmuebles, la distorsión en materia de opinión, es usada por esos actores como un modo de confundir a la opinión crítica e investigativa, para que en lo adelante sus hazañas tenga la categoría de vítores.
Estos políticos buscan la senda de la holgura económica, bajo el pretexto de que llegaron con dinero a la actividad partidaria, pero a la hora de examinar sus cuentas monetarias y las propiedades que resultan de su peculio, notamos una inmensidad bancaria que antes no existía forma de exponerla ante el público; que facultado por la Constituyente Dominicana, tiene el derecho de saber la procedencia u origen de las mismas. En tales casos acuden al laconismo, insulso, en materia de respuestas ante las intimaciones y procuran establecer relaciones de índole personal con jueces que aseguren niveles de impunidad.
Cuando estos exponentes de la política son cuestionados pierden lo parsimonioso, pues su costumbre es estructurada en lo complaciente, entrevistas pre-programadas, preguntas flexibles, cuestionarios espinosos inexistentes y alabanzas reverenciales continuas. La justicia y la opinión comprada generan un aire donde no son cavilosos o preocupados estos manejadores de la cosa pública, ya que en su hoja de ruta no tienen ninguna manifestación donde se les coloque en el banquillo de los acusados para explicar el porqué de tantas adquisiciones a la hora de haber llegado a puestos públicos o de elección popular.
Fuero Parlamentario
Una estrategia, que hasta ahora ha dado buenos resultados, es acudir a candidaturas parlamentarias. El Senador o Diputado goza de fuero, en razón de que no puede ser privado de su libertad, pues según la Carta Magna Dominicana del año 2010, externa en su Artículo 86 lo siguiente:
“…ningún Senador o Diputado podrá ser privado de su libertad durante la legislatura, sin la autorización de la cámara a que pertenezca, salvo el caso de que sea aprehendido en el momento de la comisión de un crimen.
Si un legislador o legisladora hubiere sido arrestado, detenido o privado en cualquier otra forma de su libertad, la cámara a que pertenece, esté en sesión o no, e incluso uno de sus integrantes, podrá exigir su puesta en libertad por el tiempo que dure la legislatura. A este efecto, el presidente del Senado o el de la Cámara de Diputados, o un senador o diputado, según el caso, hará un requerimiento al Procurador General de la República y, si fuese necesario, dará la orden de libertad directamente, para lo cual podrá requerir y deberá serle prestado todo el apoyo de la fuerza pública”
He aquí una de las motivaciones que sirve de motor a las aspiraciones desmedidas política y económicamente. Mientras más tiempo sea Senador o Diputado, mayor horizonte de protección le arropará al individuo, el cual haciendo uso de sus poderes económicos prácticamente compra el favor popular. Dicha compra es una inversión bien remunerada, pues la red de conexiones que se han establecido para hacer negocios y adquirir propiedades (por lo general terrenos) incrementan geométricamente (elevando a la potencia) sus recursos.
Un error
La proliferación de medios comunicacionales ha hecho de cada ciudadano un reportero del instante o un opinador inmediato. Pero para fines de impacto mediático lo importante no es lo que se dice sino quien lo dice. La incapacidad moral de los que ejercen la comunicación colindante con los intereses de esos políticos (Senadores, Diputados, etc…) hace que su mensaje –intento dañino para sus adversarios y lisonjero para el amo económico – no tenga el efecto esperado y su imagen con respecto a la valoración ciudadana se desplome día tras día.
Esos legisladores – administradores de los recursos del pueblo asientan un juicio erróneo de sus alternativas para sobrevivir al cuestionamiento ciudadano. Se basan en que su cometido público puede ser exaltado por las denominadas bocinas, para a su vez forjar un efecto reconstructor de su efigie ante el soberano (el pueblo). Un grave error alejado de la realidad.-
