RÍO DE JANEIRO. – La Justicia brasileña aceptó la denuncia presentada por la Fiscalía e imputó al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011) por un caso relacionado con la recepción de recompensas de la constructora Odebrecht a cambio de favores políticos.
La decisión es del juez Vallisney de Oliveira, de la Justicia Federal de Brasilia, que consideró que la pieza acusatoria de la Fiscalía «es jurídicamente y formalmente apta y descriptiva», y que contiene videos, correos electrónicos, tablas, informes policiales y otros documentos, según adelantó este 6 de junio la cadena de televisión O Globo.
También fueron imputados en el mismo proceso Antonio Palocci y Paulo Bernardo Silva, ministros de Economía y Planificación, respectivamente, durante los gobiernos de Lula, además del empresario Marcelo Odebrecht.
Según la acusación, la empresa prometió a Lula en el año 2010 un total de 64 millones de reales (16,5 millones de dólares), dinero que según la Fiscalía iría a las arcas del Partido de los Trabajadores (PT).
Una de las contrapartidas que pedía la empresa era que el estatal Banco Nacional del Desarrollo Económico y Social (BNDES) aumentara un préstamo millonario concedido a Angola.
Después de que se concediera ese préstamo, la constructora brasileña, que había sido contratada por el país africano para ejecutar obras de infraestructura, se embolsó parte de los valores aportados por el banco.
El expresidente brasileño está preso en Curitiba (sur del país) desde el 7 de abril de 2018 por presuntos delitos de corrupción pasiva y blanqueo de dinero relacionados con la recepción de un apartamento de manos de la constructora OAS, a cambio de favores dentro de la trama de Petrobras.
El líder de la izquierda defiende su inocencia y asegura que es víctima de una persecución que pretendía acabar con su carrera política y evitar que volviera al poder en las elecciones presidenciales de 2018.
Esta semana la Fiscalía se mostró favorable a que pase a régimen semiabierto, dado que ya transcurrió un sexto de la condena, que tras varias decisiones judiciales ahora es de ocho años y diez meses.
La palabra final la tendrá el Tribunal Superior de Justicia en las próximas semanas, pero a pesar de que Lula consiga pasar al régimen semiabierto es probable que a medio o largo plazo tenga que regresar a la cárcel en caso de que fuera condenado, dado que tiene otras causas pendientes de juicio.
