Por: Vinicio A. Castillo Semán
El pasado jueves la JCE dictó una resolución sobre el voto automatizado que dejó sin efecto una resolución anterior, de hace un mes, que ordenaba que el voto automatizado sólo sería usado en las elecciones municipales de febrero de 2020 si existía un consenso unánime de los partidos políticos.
La JCE, en vez de buscar un papel de conciliación y consenso con los actores del sistema político electoral, que son los partidos, se convierte en un ente de confrontación que quiere imponer por encima de toda razonabilidad un voto automatizado en las elecciones del año 2020, sin haber sido auditado por nadie y sin ofrecer la más mínima garantía de que las máquinas o equipos no tienen en sus entrañas tecnológicas instrucciones fraudulentas para favorecer a los candidatos del gobierno.
La realidad es que la JCE no quiere auditoría internacional confiable. Ni la quiso antes de las primarias del 6 de octubre, ni la quiere ahora para las elecciones. Propone una firma local, la Guzmán Tapia PKF, que tiene dentro de sus principales clientes la CDEEE y el Ministerio de Hacienda, por lo que, de antemano, presenta un conflicto de intereses que impediría hacer cualquier tipo de experticio. La JCE propone para la auditoría una opción que sabe con antelación que ningún partido aceptará. Su designio es obligarnos a todos los partidos de oposición a ir a un matadero electoral electrónico.
Ninguna de las medidas adoptadas por la JCE en su resolución resuelve un problema básico que se presentó en miles de casos en las primarias del 6 de octubre: Cuando un elector marca por un candidato de su preferencia y el recibo impreso no concuerda con su voluntad. Una vez la máquina hace el proceso, es irreversible. En el caso de las primarias, se dio que muchos votaron por Leonel, salieron por “ninguno”, que fueron miles, o eran asignados a precandidatos minoritarios que asombrosamente sacaron entre ambas denominaciones miles de votos.
Técnicamente, los equipos y sus softwares podrían tener un algoritmo que les dé instrucciones automáticas, para que cada cierto número de votos electrónicos que se emitan por un candidato determinado, se produzca el “error” en el impreso, sin que eso pueda echarse hacia atrás, puesto que en muchos casos el votante no se da cuenta (que ya ocurrió) y deposita el impreso erróneo, o cuando se da cuenta no tiene a quién reclamar y si lo hiciera frente a la mesa sería a costa de eliminar el secreto del voto. Lo anterior le ocurrió hasta a la madre de Gonzalo Castillo, que votó por su hijo y el impreso marcó “ninguno” y todo el país lo vio.
Ante la situación que se está dando, no hay dudas de que se hace indispensable una unidad total y monolítica de todos los partidos y fuerzas de oposición para exigir elecciones limpias y contra un fraude electoral. Convocar al expresidente chileno Eduardo Frei, jefe de la misión de observadores de OEA a una reunión urgente en la República Dominicana es el paso a seguir.
