Santo Domingo.- Varias fuentes apuntan su dedo acusador al desinterés en el cobro de esta deuda a Roberto Leonel Rodríguez Estrella, quien fue subdirector de jurídica en la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y fungía como enlace entre esta entidad y la Comisión de Casinos de la cual al mismo tiempo era miembro, en tanto que el licenciado Alberto Fiallo exgerente legal era responsable de las deudas en fase de cobro compulsivo. A pesar de que los representantes de los Casinos Dream así como las actuales autoridades de la Dirección de Casinos están conscientes de la deuda que dejaron, la misma no aparece registrada.
Los representantes de los Casinos Dream solicitaron a principios de noviembre del 2017 la prescripción de la millonaria deuda impositiva de RD$637.4 millones dejada en el país, tras haber cumplido los tres años que permite el Código Tributario para prescribir. En la actualidad hay una confusión porque no queda claro en cuál de las gestiones de los directores de Impuestos Internos fue que se produjo este vencimiento y si se trató de complicidad y dejadez de la Subdirección Jurídica de dicha institución coordinada por Roberto Leonel Rodríguez Estrella Y Alberto Fiallo de la Gerencia Legal y cobros compulsivos.
Los datos descansan en varias solicitudes de prescripción a las que la redacción del periódico Sin Cortapisa tuvo acceso, solicitadas a Impuestos Internos por Edward Zbigniew Kremblewski, en representación de Andrew Pajak, exgerente de la referida compañía con respecto a las deudas que entre julio de 2012 al 5 de noviembre de 2014 generaron los casinos que manejaba la empresa.
El monto correspondiente a los impuestos de casinos, máquinas tragamonedas y retenciones de bancas y casinos, tuvo origen cuando la empresa Dream, de dueños canadienses, operaba 12 casinos (hasta la fecha se creía que eran once) en seis provincias del país, y ahora solicitan la extinción mediante la aplicación de los artículos 21 al 25 de la Ley 11-92 del Código Tributario Dominicano, que hace referencia a la prescripción, condición que priva al Estado de la posibilidad de exigir el pago de los tributos adeudados, lo que confirma que ha habido o dejadez o complicidad de las autoridades de la DGII para favorecer a estos empresarios de Dreams Casino.
Conforme a la referida Ley, los requerimientos del pago de impuestos prescriben a los tres años, y sólo se interrumpe por la notificación de la obligación tributaria efectuada por el sujeto pasivo, realizada ésta por la administración; por el reconocimiento expreso o tácito de la obligación hecho por el sujeto pasivo, sea en declaración tributaria, solicitud o en cualquier otra forma o por la realización de cualquier acto administrativo o judicial tendiente a ejecutar el cobro de la deuda.
Lo que no se entiende cómo este grupo empresarial imputado en un caso de fraude y estafa no fue compelido coercitivamente al pago de esos impuestos de manera oportuna, toda vez que se trata de una importante Litis judicial que trascendía la frontera. Casinos Dream quebró luego de que a finales de 2014 se viera en medio de un escándalo internacional, tras descubrirse una estafa hecha supuestamente por los hermanos canadienses Francesco y Antonio Carbone, a uno de los inversionistas más importantes de Canadá Michael Degroote, quien se dice entre 2010 y 2014, invirtió alrededor de US$112 millones para negocios en juegos de azar en República Dominicana, pero no le reportaron las ganancias.
Se recuerda que Roberto Leonel Rodríguez Estrella desempeñó como subdirector jurídico de la DGII hasta agosto del 2016, siendo cancelado por el presidente de la República Danilo Medina mediante el Decreto 246-16, y sustituido por Eric Medina Castillo. De forma muy extraña solamente nombra a Medina Castillo como subdirector jurídico suplantándolo a él, sin embargo no establece la destitución de Rodríguez Estrella. Si hay que resaltar que el actual director de la DGII, Ing. Magin Díaz, ha pronunciado en varios eventos públicos que su gestión buscará adecentar y reforzar el área jurídica de la institución, y en tal sentido se han producido destituciones masivas que abarcan todo el equipo de la sección de litigios judiciales incluyendo al anterior gerente legal, Lic. Alberto Fiallo, entre otros.
