Por: Rafael Ciprián
La desgracia del dominicano, entre otras muchas causas, se debe a que la mayoría de las autoridades no tiene ni idea de lo que son los derechos fundamentales, los derechos de los ciudadanos, los derechos humanos, los derechos de las personas. Y, por su comportamiento irresponsable, suelen actuar con pleno desparpajo, con lo que confirman que no les importa conocer la trascendental importancia que tienen esos derechos en la vida democrática que vivimos.
Es penoso que muchos de los hombres y mujeres que ocupan posiciones públicas no se instruyan adecuadamente, para comprender que la institucionalidad otorga facultades y derechos a las autoridades, pero que también les impone obligaciones y deberes frente a las personas con las cuales se relacionan, en su función oficial.
Todavía el autoritarismo y la arbitrariedad pesan más, en esos funcionarios, que el reconocimiento y el respeto de los derechos individuales.
Parece que seguimos reproduciendo la práctica de los caudillos de horca y cuchillo, los perdona vidas, los que son capaces de degollar al otro y beberse sin rubor la sangre de su víctima.
Lamentablemente, nos quedan muchos generales Pedro Santana, con rango y sin él; muchos Buenaventura Báez; muchos Ulises Heureaux (Lilís); muchos Rafael Leonidas Trujillo Molina; muchos pichones de dictadores y tiranos reciclados.
Y más penoso es que los Juan Pablo Duarte, Ulises Francisco Espaillat, Eugenio María de Hostos, Francis Caamaño, Juan Bosch sean tan pocos, tan olvidados y tan negados en esta tierra, digna de mejor suerte.
Aquí no se respetan los derechos, solo se hacen favores; aquí el clientelismo, la demagogia, el patrimonialismo, la corrupción y la impunidad campean por sus fueros; aquí no se aplican los principios de igualdad, razonabilidad, oportunidad y humanidad; aquí cada funcionario es un dios que vomita fuego e impone su voluntad como amo y señor; aquí no existe la meritocracia o dirección de los mejores, los que cumplen sus deberes y responsabilidades en base a principios, valores y normas; aquí el decoro y la dignidad están proscritos, son crímenes y delitos cruelmente perseguidos y sancionados; aquí el mérito ofende y el talento se castiga sin piedad.
Por eso vivimos en una inseguridad ciudadana constante, en una sospecha permanente, en una guerrita de todos contra todos, en una grave paranoia, en una vesania colectiva, en un sálvese quien pueda. Y no existe salmo ni santo que paren la masacre.
El dominicano pobre vive por milagro. O sobrevive gracias a su terquedad, para no dejarse morir.
Todavía nuestro Poeta Nacional don Pedro Mir sigue teniendo razón. Somos un país que no merece el nombre de país, sino de tumba, féretro o sepultura.
Y así no puede ser. Manuel del Cabral, con su poesía universal, nos enseñó que hay muertos que van subiendo, cuanto más su ataúd baja. Esos prohombres, que se sintetizan en Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, reclaman la emulación necesaria.
