Santo Domingo.-Los defensores públicos realizan paro de 24 horas este jueves en demanda de reivindicaciones laborales entre las que destacan aumento salarial y mejores condiciones de trabajo. Una de las manifestantes dijo que por la protesta más de 400 audiencias se verían afectadas.
En las afueras del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, la defensora Miolini Herasme, leyó un documento donde se denuncia que por el paro de hoy la directora de la Oficina Nacional de la Defensa Pública, Laura Hernández Román, los amenazó con sancionarlos.
“Convocó en el día ayer a los coordinadores, en donde ordenó que de seguir las protestas rodarían cabezas. Canceló la fiesta de fin de año, al igual que en marzo otra actividad que ya estaba pautada y presupuestada”, dice el documento.
Sostuvo que Hernández amenazó con destituir a los abogados adscritos y de oficio y advirtió a los defensores que podría haber sanciones y hasta destituciones de seguir la manifestación.
“La paradoja de todo esto es que la defensa pública, una institución tendente a procurar y tutelar derechos amenace con medidas que están disociadas a la función que realizamos. Las dictaduras no son inmarcesibles y es por ello que decidimos nunca jamás ponernos de rodillas ante la tiranía de una minoría”, agrega el documento leído por Herasme.
El presidente del Colegio de Abogado, Miguel Surún, acudió al Palacio de Justicia para brindar su apoyo a los defensores públicos.
Advirtió a la Dirección de la Oficina Nacional de la Defensa Pública evitar complicaciones directas.
“Vamos a proteger y estar de lado contra cualquier defensor que se quiera castigar por ejercer un derecho constitucional a la protesta”, dijo Surún Hernández.
Exigió la renuncia de Laura Hernández de la Dirección de la Oficina Nacional de la Defensa Pública. También pidió una investigación por parte del Consejo del Poder Judicial, de la Suprema Corte de Justicia, de la Cámara de Cuentas para que se determine el uso que se le está dando a los recursos de esa oficina.
“Nosotros como institución no entendemos cómo es posible que una institución que recibe 25 por ciento más de aumento al presupuesto no pueda satisfacer una demanda tan sencilla como es el aumento de los salarios y que se respete el tope máximo por parte de los defensores públicos”, agregó.
