Santo Domingo.- El marullo de las olas en la borrasca de las apacibles aguas del mar Caribe frente a las costas de Juan Dolio, durante los días 22 y 23 de diciembre de 2017, tal vez no hubiese hecho tanto ruido como el que ha provocado en estos días que discurren el anteproyecto de modificación a la Ley 10-91, sobre colegiación periodística, del que ha sido apoderado la Comisión de Justicia del Senado a través del representante de la provincia de La Vega, Euclides Sánchez, previa entrega directa por parte de una comisión de miembros de la actual directiva del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).
En esa fecha, apenas 17 periodistas, incluyendo algunas parejas de éstos que los acompañaron al resort de la Cooperativa Nacional de los Maestros (de los más de cuatro mil miembros del CDP) “decidieron”, eregidos y ley, batuta y constitución, la suerte del gremio sin que este organismo fuera formalmente convocado en asamblea ordinaria o extraordinaria a participar en tan importante evento de la clase periodística profesional.
Se ignora, hasta el momento, cuál fue el perfil que se aplicó para invitar y/o contratar a los exponentes, aunque sí se sabe que sólo en alojamiento el gremio, que mensualmente confronta problemas de liquidez para pagar la pírrica nómina mensual de los ocho empleados que tiene, desembolsó la suma de 159 mil pesos, sin contar los miles de pesos pagados a “facilitadores” y a personal de apoyo de la actividad; recursos éstos donados por el Fondo para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) para organizar, promover e incentivar talleres y debates en América Latina sobre legislaciones periodísticas.
Pero, ¡oh, el agua cuando cae en el desierto!
No sólo no se ha rendido cuentas al comité ejecutivo de los gastos de ese evento, no obstante un emplazamiento hecho, primero, por quien suscribe mediante acuse de recibo y luego por acto de alguacil, tampoco se convocó una asamblea para debatir el anteproyecto, sino que se procedió, como para “curarse en salud”, a entregarlo al Senado, decidiendo así de manera ligera y tan atropellante el marco supuesto a regular a los periodistas colegiados dominicanos, privándoseles, además, del derecho a discutir y pronunciarse respecto al ejercicio de su propia profesión.
La representación local de la Unesco debería indagar el destino de los fondos que donó al CDP para esos propósitos y, tal vez con más suerte que yo, establezca cómo fue que más de 600 mil pesos se acabaron tan rápido.
En otro orden, ahora que Juan Bolívar Díaz invoca con nostalgia el recuento histórico de lo que ha devenido la colegiación periodística en República Dominicana, desde la celebración del Primer Congreso Nacional de la Prensa, en 1970, hasta la tristemente ley de colegiación 10-91, y Miguel Guerrero replica la “usurpación” del ejercicio del oficio, en mi condición de periodista graduado, fundador del CDP y actual secretario general, me pregunto ¿dónde, en cuál universidad o instituto superior, se graduó de licenciado el Comunicación Social el profesor de generaciones de periodistas técnicos, Adriano de la Cruz, actual presidente de la entidad?, ¿cómo fue que De la Cruz impartió docencia universitaria sobre periodismo sin tener una titulación académica en universidades e institutos superiores castrenses? o ¿no es un usurpador de funciones o de títulos el que ejerce u ocupa un cargo o tiene un carnet de periodista empírico sin estar debidamente profesionalizado?
Creo que el empirismo al que alude Juan Bolívar Díaz les viene como anillo al dedo a muchos comunicadores que hoy proclaman como presea dorada la penalización de la usurpación, a la cual no me opongo si se aplicara debida y estrictamente a pesar del carácter de la irretroactividad de nuestra Constitución, que los hace beneficiario de una profesión obtenida sin título.
Y que conste, los grandes nombres de la prensa dominicana fueron verdaderos maestros del periodismo, como Rafael Herrera, Radhamés Gómez Pepín, Orlando Martínez, Gregorio García Castro y Julio César Martínez, para sólo citar algunos ya fallecidos, jamás cruzaron el umbral de un aula universitaria.
A las universidades, y cito al periodista colombiano Hernán Restrepo, “se les ha olvidado que lo fundamental en un periodista es saber escribir”, y saber escribir es lo que menos enseñan las escuelas de periodismo, y -agrego yo- muchos periodistas incurren en el error de la tilde diacrítica: confunden cuándo usar qué o que, si o sí, como y cómo; y, peor aún, no saben construir la pirámide invertida de la información.
De las cifras que manejo en mi condición general del CDP figura ésta: de 14,280 periodistas egresados de las universidades desde 1991 a la fecha apenas 4,234 (menos del 33 por ciento) han optado por carnetizarse como colegiado, lo que evidencia el poco interés de los profesionales de la Comunicación de afiliarse al gremio que los agrupa. Es obvio que somos la cenicienta de las colegiaciones profesionales dominicanas y, en consecuencia, el ejercicio del periodismo de la carrera debería ser cuanto antes regulado como una forma inminente para adecentar el oficio.
Ninguna sociedad mínimamente democrática soporta un desorden radioeléctrico como el que tenemos, los periódicos no tendrían tanta gente cuya identidad brilla obra y gracia de los anónimos y venerables correctores de estilo. Sin embargo, la legislación que modifique la actual debería ser el resultado de un consenso entre las partes envueltas, llámese CDP, dueños de diarios, radiodifusores o gobierno, de manera que los periodistas graduados en escuelas universitarias y también los egresados de los institutos técnicos sean beneficiados con la categoría del reconocimiento o colegiación.
No es mucho pedir y, en cambio, es mucho dar, que en aras de regular legalmente una profesión se proceda a la aprobación de una ley que penalice al que luego se enganche o pretenda ejercer ilegalmente el oficio, porque debemos de acabar, de una vez y por siempre, que todo el que no tiene nada que hacer se meta a periodista en detrimento de tan noble ejercicio.
