La política al servicio del bien común

Por: Eléxido Paula    

La razón de ser de la política está en el bien común. Este es un principio de la doctrina social de la iglesia y del humanismo cristiano integral. Es por ello que resulta radicalmente pervertida (la política) cuando se pone al servicio de intereses particulares, personales o partidarios con daño al interés general.

Una política al servicio del bien común ha de asegurar el derecho fundamental, primero y primario, de toda la persona humana, a la vida desde el instante mismo de su concepción, hasta la muerte. Una política al servicio del bien común es la que defiende y protege a la familia.

Las exigencias del bien común derivan de las condiciones sociales vinculadas al respeto y a la promoción integral de la persona y de sus derechos fundamentales, tales como: el compromiso con la paz, la correcta organización de los poderes del Estado, un sólido ordenamiento jurídico, la salvaguarda del medio ambiente, prestación de los servicios esenciales para las personas, como: alimentación, habitación, trabajo, educación, acceso a la cultura, transporte, salud, libertad de expresión e información y libertad religiosa.

Para el papa Pio XI “es necesario que la partición de los bienes creados se revoque y se ajuste a las normas del bien común o de la justicia social, pues cualquier persona sensata ve cuan gravísimo trastorno acarrea consigo esta enorme diferencia actual entre unos pocos cargados de fabulosas riquezas y la incontrolable multitud de los necesitados”.

La responsabilidad de edificar el bien común compete, además de las personas particulares, también al Estado, porque el bien común es la razón de ser de la autoridad política. El Estado debe garantizar cohesión, unidad y organización a la sociedad civil de la que es expresión, de modo que se pueda lograr el bien común con la contribución de todos los ciudadanos.

Para asegurar el bien común, el gobierno de cada país tiene el deber especifico de armonizar con justicia los diversos intereses sectoriales.

No es posible hablar de la política al servicio del bien común en nuestro país con una taza de desempleo universal que ronda el 16%; para los jóvenes ese desempleo anda por el 29.4%, la más alta de la región y el empleo informal asciende al 57% de los ciudadanos. Tampoco se puede asegurar que exista bien común, cuando según el informe OXFAM dice que el 87% de la población considera que en la RD se gobierna para unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio; ese porcentaje sitúa al país por encima del 75% en promedio de la región latinoamericana, por encima de RD sólo están Brasil, México y Paraguay. Dice OXFAM: “cuando se gobierna para los poderosos, quiere decir que el Estado está capturado”.

No es posible hablar de la política al servicio del bien común cuando el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos de la República Argentina (INDEC), nos ubica próximo a Bolivia, el Salvador y Nicaragua con un rango de pobreza entre 30 y 40% de la población que viven en esa situación.

Los gobiernos tienen la obligación de garantizar la estabilidad y la seguridad de un orden social justo, a través de medios honestos. En definitiva, el Estado ha de ser el hacedor y promotor del bien común, bajo la óptica de la equidad, la igualdad, la justicia, la solidaridad y el Estado social, democrático y de derecho.

El papa Pio XI en su encíclica Quadragésimo Anno expresa que “el hombre no debe tener las cosas exteriores que legítimamente posee como exclusivamente suyas, sino también como comunes, en el sentido de que no le aprovechen a él solamente, sino también a los demás”. También el Concilio Vaticano II, en la constitución Gaudium et Spes #69 proclama que “entre las múltiples implicaciones del bien común, adquiere inmediato relieve el principio del destino universal de los bienes: Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En consecuencia, los bienes creados deben llegar a todos en forma equitativa bajo la tutela de la justicia y con la compañía de la caridad”.

Reafirmar nuestro compromiso; proponer, educar y promover una política al servicio del bien común en el que todos seamos ciudadanos responsables y activos, sería una tarea digna y hermosa que realizar.