La ética del Gobierno

Por: Daygorod Fabián

La gestión en la regencia del Estado de los actuales exponentes políticos, con casos excepcionales, muestra el nivel de desconexión entre la homilía y la praxis. Los efectos que eran duramente criticados en los tiempos de hacer oposición política son reproducidos como buenos y válidos, bajo el emparo de la tesis de que todos lo han hecho: la costumbre hace ley.

Pero más que describir los escenarios de corrupción, que favorecen e incrementan los bolsillos privados desde los fondos públicos, me gustaría hablar (escribir) sobre las casuísticas vergonzosas que arropan el funcionamiento partidario y que son asumidas como normal y no excepción.

Ante la acusación de violación sexual a una menor de edad, de parte de un funcionario del gobierno, nadie se ruborizó, ni sancionó (desde el ángulo político) a dicho miembro del partido. Las redes sociales y entidades educativas privadas sirvieron de punto de presión para la destitución del político en mención, pero continuamos sin ver el cavilar de su partido con respecto de tan grave asunto.

La lista resulta ingente cuando comenzamos a citar los numerarios, que, ante las denuncias de putrefacción administrativa, reaccionan de forma violenta y eliminan físicamente a los que descubrieron las arquitecturas mafiosas que operaban en las instituciones, que usaron como mecanismo para incrementar sus patrimonios.

Los excesos en los que ha incurrido el partido de gobierno bifurcan dos elementos: lo económico y lo ético. Me inclino por la parte ética en razón de que escándalos sexuales y de asesinato, además de la condena de naturaleza jurídica que funcionara en proporción al daño infringido, el victimario era objeto de una condena de fondo moral, que era esgrimida por el partido en razón de que resultaba inaceptable que alguien con acciones de esa índole fuera parte de un partido formado bajo las más estrictas normas de conductas.

La incursión al PLD estaba precedida por una manituosa investigación, donde se indagaba el historial del o los individuos que deseaban militar en dicha agrupación. Precisamente el objetivo era evitar que las inconductas de algunos fueran la generalidad de todos, además de que el orgullo llenase las sonrisas y los argumentos de quienes decían ser del partido y ¿Hoy es así?

Quizás como sociedad no hemos sido claros y usado demasiada monserga para darle a entender al partido de gobierno que, si bien es cierto su poderío electoral, también existe la obligación del comportamiento correcto frente a la sociedad, para satisfacer las necesidades de forma colectiva especialmente las de orden ético.

En la semana pasada mi Provincia, Montecristi fue objeto de la atención nacional, a raíz del estupor que causó la denuncia de un supuesto desfalco a las arcas del Estado, a través de la gobernación Provincial de dicha demarcación. El ilícito, según el Gobernador Marcelo Cordero, fue llevado a cabo por la destituida Directora Provincial de la Juventud (de nombre Delglin Mireya Espinal Torres) mediante el canjeo ilegal, mediante falsificación, de facturas de combustibles. Dicho dolo asciende a un monto superior a los 600 mil pesos.

En tal sentido la destituida directora acusa al gobernador de haberla obligado a practicarse un aborto en virtud de una supuesta relación sentimental que sostenían. Es obligación de la justicia encontrar quien dice la verdad y quien está en la falacia. Aunque esto es de naturaleza personal, es un escándalo que trasciende la frontera de lo ético. En tanto eso sucede el partido oficial no se ha pronunciado.