Ley de Partidos

Por: Orlando Jorge Mera
La intención del Bloque de Senadores del PLD de aprobar hoy en el Senado su versión de la ley de partidos con primarias abiertas, sin el debido consenso político y en contra de los precedentes jurisprudenciales de carácter constitucional, es la mejor demostración de que el partido oficial no quiere ni desea que República Dominicana tenga una ley de partidos y una ley electoral que puedan garantizar que las elecciones del 2020 sean transparentes y equitativas.
Lógicamente, que esa iniciativa legislativa no tendría la aprobación en la Cámara de Diputados, en donde se requiere el concurso de la mayoría calificada, la cual difícilmente se alcanzaría, toda vez que los diputados de la oposición y parte de los diputados oficialistas reclaman lo que establece la razonabilidad y el mejor criterio constitucional y legal de que las primarias sean celebradas con el padrón cerrado de los partidos políticos.
De aprobarse la iniciativa en el Senado, es muy probable que, incluso, esa iniciativa legislativa pueda ser objeto de un recurso de inconstitucionalidad, toda vez que, el indicado proyecto de ley violaría el artículo 277 de la Constitución, tal como he explicado en artículos anteriores. Lo grave de esto es que la actitud del Bloque de Senadores del PLD sepultaría el interés nacional de aprobar una ley de partidos y una ley electoral que puedan garantizar elecciones pulcras en 2020. El PLD cargará con esta responsabilidad histórica.
Esta posibilidad acontece en momentos en que, desde el Tribunal Superior Electoral, se emiten una serie de sentencias que, al margen de los actores de esos procesos, reiteran los principios fundamentales consignados en la Constitución de la República, en el sentido de que los partidos políticos deben garantizar la democracia interna y la transparencia.
En efecto, estas sentencias definen a los partidos políticos como personas jurídicas de derecho privado que en República Dominicana cumplen con funciones públicas. Dicho de otra manera, los partidos no forman parte del Estado. Esto es clave.
Lo anterior significa que los militantes simbolizan la soberanía de los partidos. Ellos son los que deben votar en los procesos de selección de sus autoridades y también en la elección de sus candidatos a cargos electivos. De igual manera, son ellos quienes pueden ser electos. Por supuesto, su estructura y funcionamiento interno debe ser democrático. Esto es lo que está en juego en el país.
Qué distinto sería si hubiese espacio para el diálogo y el consenso político, por supuesto respetando los precedentes decididos. Si se asumiera que estamos ante un déficit democrático e iniciamos la ruta por democratizar la democracia. Estamos a tiempo, todavía.